El PP sostiene que «la calle tiene derecho a estar enfadada»

La oposición calienta motores para dar cobertura y justificación a la protesta social que ha comenzado a fraguarse en respuesta al tijeretazo anunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la desaparición de la ayuda por hijo y el resto de las medidas del duro plan de recorte del gasto público anunciado en el Parlamento. Nadie se ofrece por el momento de forma explícita para apoyar al Ejecutivo en la convalidación parlamentaria de los decretos que pondrán en marcha las medidas. El PP y CiU sólo insisten en que esto ocurre por tener un Gobierno «incapaz», mientras que la izquierda se apresta a ocupar su sitio en primera línea de la barricada.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que «la calle tiene derecho a estar enfadada con un Ejecutivo que durante dos años se ha dedicado a dilapidar el dinero de todos, que ha llevado a una cifra histórica de parados y que ahora les pide un sacrificio que ellos no están dispuestos a hacer». Los populares, como el miércoles hizo Mariano Rajoy en el Congreso, tratan de coger la bandera de la defensa de los derechos sociales y se oponen a varios de los aspectos del plan, de manera principal a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y al fin del cheque-bebé, pese a que se opuso en su momento a esta prestación.

No obstante, las declaraciones más contundentes llegaron desde IU. Su coordinador general, Cayo Lara, aseguró que la formación defenderá la convocatoria de una huelga general porque Zapatero «está de rodillas ante el poder financiero y ha violado un acuerdo con los sindicatos», aunque también aclaró que su objetivo no es derribar al Ejecutivo sino obligarle a dar «un giro político».

El portavoz parlamentario de la federación, Gaspar Llamazares, discurrió por el mismo camino cuando vaticinó que el paro general «está cantado» si el Gobierno no rectifica porque «cuando uno quiere más a los mercados que a los ciudadanos, estos le vuelven la espalda». Habrá respuesta política en el Parlamento y social en la calle, comentó. Considera que Zapatero ha cruzado todas «las líneas rojas» y que es urgente que los ciudadanos «enseñen los dientes».

CiU, uno de los habituales aliados del Gobierno, no da señal alguna de que vaya a ayudar a Zapatero a ejecutar el recorte. El líder de la formación, Artur Mas, echó ayer toda la culpa de la dureza de los ajustes al Ejecutivo, por sus años de «inacción». Mas considera que el próximo paro de los funcionarios estaba «cantado» y comprende que «mucha gente se sienta engañada».