El Ejecutivo aprieta al Poder Judicial para autorizar la marcha de Garzón

La decisión de suspender a Baltasar Garzón se juega hasta el último minuto. El Gobierno avaló ayer en tiempo récord el traslado del juez al Tribunal Penal Internacional y dejó en manos del Consejo General del Poder Judicial la última palabra sobre su situación.

El pleno extraordinario de este viernes resolverá el entuerto, aunque la apertura de juicio oral contra el juez decretado por el Tribunal Supremo debería apartarle de la carrera de forma automática. Sin embargo, el último resquicio de Garzón para evitar su suspensión, al menos hasta que el alto tribunal le juzgue por prevaricación y emita una sentencia condenatoria, depende de que el propio pleno o la comisión permanente del Consejo, que se podría reunir de urgencia, decida aceptar antes su solicitud para irse a la corte de La Haya.

En el Consejo del Poder Judicial, empero, los vocales partidarios de apartarlo y de rechazar su salida al tribunal internacional son mayoritarios. Y no sólo en el sector conservador, que este miércoles activó la maquinaria para forzar la convocatoria de un pleno urgente para suspender a Garzón, sino también entre una parte del sector progresista, que considera que con la ley en la mano ya no hay vuelta atrás para el juez, más si cabe después de que el Supremo decidiera juzgarle por su investigación del franquismo.

En el lado opuesto, los vocales que consideran que el Consejo debería resolver primero la petición de Garzón antes de suspenderlo son minoritarios, si bien ayer intentaron presionar al presidente de la institución, Carlos Dívar, para que convocara una reunión extraordinaria de la comisión permanente antes de la celebración del pleno o, en su defecto, para que este asunto se incluya en el orden del día de la sesión. Las fuentes consultadas se muestran «pesimistas» ante esta posibilidad por los escasos apoyos que suscita, aunque creen que Dívar podría tener la última palabra.

Posibilidad

No obstante, en caso de que se aceptara la marcha del juez a La Haya el debate sobre su suspensión quedaría vacío de contenido, ya que el principio que rige la suspensión de un magistrado es apartarle de sus funciones mientras dure su enjuiciamiento. De esta manera, si Garzón se traslada a la corte internacional ya no ejercería como juez y la suspensión no tendría sentido. Otra cosa es que el Consejo retomara su expediente cuando volviese a la Audiencia en siete meses.

Y es que del miércoles al jueves el 'expediente Garzón' volvió a dar un giro después de que el Gobierno y el Tribunal de La Haya enviaran, con una celeridad poco habitual en este tipo de trámites, la documentación que pidió el Consejo para valorar la solicitud del juez.

El Ministerio de Asuntos Exteriores consideró que su presencia en la corte internacional «es de interés», pues se enmarcaría en el esfuerzo del Ejecutivo socialista por reforzar los medios del tribunal. Y desde La Haya confirmaron que la fórmula de colaboración pedida por el juez era reglamentaria.

Antes que nada, el pleno del Consejo tendrá que pronunciarse sobre la recusación de la vocal Gemma Gallego y la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez, ex abogado del juez. Los que ya aceptaron apartarse fueron el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Margarita Robles. Lo normal es que el pleno rechace la recusación de Gallego y acepte la abstención de Gómez Benítez, por lo que en total serían 18 los vocales que decidirán sobre el futuro del juez. Con diez votos, estaría suspendido.