Camps, un 'barón' bajo la amenaza del banquillo

Francisco Camps ha pasado en poco más de un año de ser uno de los 'barones' con la carrera más prometedora dentro del PP, a ver cómo la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TJSCV) le siente en el banquillo de los acusados amenaza su futuro político.

La decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa contra Camps y otros altos cargos del Gobierno valenciano y del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), por aceptar supuestamente prendas de vestir abonadas por empresas de la trama Gürtel, ha supuesto un nuevo "revolcón" político para alguien que parecía tener una trayectoria fulgurante.

Camps fue uno de los 'barones' del PP que se colocó inmediatamente al lado de Mariano Rajoy, y el líder del partido le ha devuelto el "favor" apoyándole en sus declaraciones de inocencia sobre el caso Gürtel, hasta el punto de que llegó a decir que le respaldaría "diga la justicia lo que quiera". El presidente del PP valenciano se ha ganado su peso en el partido a cuenta de dos mayorías absolutas en las dos elecciones en las que ha sido cabeza de lista.

Tras la sombra de Zaplana

Camps inició su andadura política como concejal en 1991 en un Ayuntamiento de Valencia presidido por Rita Barberá. En 1996 obtuvo un escaño de diputado por Valencia y, con la llegada al poder del PP, fue nombrado, en enero de 1999, secretario de Estado para las Administraciones Públicas. En 2002 volvió a la Comunitat Valenciana como delegado del Gobierno y empieza su carrera dentro del PPCV, siendo elegido secretario general del partido, presidido entonces por Eduardo Zaplana.

Tras la marcha de Zaplana a Madrid como ministro, Camps se convirtió en el hombre fuerte del PP valenciano, aunque la impresión general era que Zaplana aún seguía mandando en Valencia y Camps era su lugarteniente. En julio de 2002 fue elegido candidato del PP a la Generalitat y en mayo se enfrentó a su primer reto electoral como cabeza de lista. Los resultados no pudieron ser mejores: consiguió su primera mayoría absoluta. Ahí comenzó su despegue político autónomo como máximo responsable del Gobierno valenciano y del PP en la Comunitat Valenciana.

Poco a poco, fue soltando los nudos que Zaplana había dejado tanto en el partido como el gobierno y en 2004 fue reelegido presidente de un PPCV que era ya fiel reflejo de su personalidad: serio y pertinaz, sin concesiones a la galería y, muchos menos, a la oposición.

En mayo de 2007 le llegó la hora de la reválida en una situación de bonanza: los grandes acontecimientos deportivos situaron a Valencia en el centro de las portadas y la oposición acababa de perder a su principal representante -Joan Ignasi Pla- por un asunto de supuestos favores en unas obras realizadas en su casa.

Revés judicial

Camps no desaprovechó el viento favorable y volvió a conseguir y aumentar la mayoría absoluta: 54 de los 99 diputados de Les Corts se sentarían en los bancos del PP. Sin embargo, en ese viento favorable se cruzaron las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: unas presuntas facturas de trajes hicieron salir su nombre en el informe de la fiscalía de la operación 'Gürte'".

Cuando salieron los primeros datos, aún sin nombres, la Generalitat negó cualquier relación con esas facturas y amenazó con querellarse contra quien lo publicase. En cuanto se conoció que el nombre de Camps aparecía en esos papeles, se afanó por comparecer no solo para desmentirlo, sino para enmarcarlo en una campaña que, según dijo, buscaba "la división del PP". Sin embargo, los reveses judiciales para el máximo responsable del Gobierno valenciano se fueron repitiendo, pero él cada vez se mostraba convencido de que las cosas terminarían "pronto" y "muy bien", aunque la justicia se encargaba de aguarle la fiesta.

El traslado de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), llevó a Camps a declarar como imputado, aunque finalmente se decidió archivar la causa, no sin que el instructor de la causa, el juez José Flors, puntualizara que había "suficientes indicios racionales" de delito contra Camps.

Una imagen dañada

Las decisiones judiciales no han sido las únicas que han dañado la imagen del president de la Generalitat; sonadas han sido las conversaciones que aparecían en el sumario del caso Gürtel y que apuntaban a una relación de amistad que existía entre algún cabecilla de la trama y Camps.

En medio de esta tormenta, y mientras el resto de imputados populares iba cediendo a las presiones y dimitido de sus cargos de responsabilidad, el PP mantuvo un respaldo absoluto sobre Camps. Pero no ocurrió lo mismo con su número dos, Ricardo Costa, que se vio obligado a dejar sus responsabilidades en el partido (secretario regional) y en Les Corts Valencianes (portavoz).

Ahora el Supremo ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que reabra la investigación de la parte del 'caso Gürtel' que afecta a Camps y a otros responsables de la Generalitat y del PPCV, lo que podría suponer que el presidente valenciano tenga que someterse a un juicio con jurado.