Hacienda apunta a que el PP valenciano ocultó 2,5 millones

Lo descubrió la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado verano y ahora lo confirma la Oficina Nacional de Investigación del Fraude: el PP de la Comunidad Valenciana tiene importantes irregularidades fiscales que apuntan a una «posible» financiación ilícita a través de «donaciones» no declaradas de empresarios afines que 'patrocinaron' actos electorales de la formación a través de Orange Market, la filial valenciana de Francisco Correa. El último informe de la Agencia Tributaria, fechado el 6 de mayo, va más allá que la Policía y se atreve a cifrar el supuesto desfalco de los populares. El atestado afirma que «el importe de los gastos que se ocultaron por parte del PPCV en las Elecciones Autonómicas y Locales de 2007 ascendió a la cifra de 2.565.891 euros». Queda pendiente el análisis de otros ejercicios.

El informe de Hacienda, remitido al juez del caso, Antonio Pedreira, el pasado viernes, disecciona durante 248 páginas las «graves irregularidades contables» de Orange Market, sobre todo con su principal y casi único cliente, el PP valenciano, y exclusivamente durante 2007. Los inspectores revelan que la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', sólo declaraba el 28% de lo que facturaba al partido. Y llegan a una conclusión: «la ocultación de ingresos, gastos, elementos patrimoniales y beneficios por parte de Orange Market no tiene causa alguna si su destinatario (el PP) va a declararlos en sus estados contables, por lo que es razonable suponer que estos ingresos y gastos también se han ocultado por parte del PPCV».

Como ya hiciera la UDEF, el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria apunta a que esas irregularidades en la caja del PPCV se deben a que buena parte de sus gastos fueron sufragados por «terceros» a modo de 'mecenazgo' oculto a la formación.

«Superiores»

Tras expurgar los libros contables de la empresa de 'El Bigotes', la Agencia Tributaria afirma que «los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana son bastante superiores a los declarados contable y físicamente y hay dudas razonables de que algunos de los servicios prestados a empresas privadas pudieran no ser reales y encubrir la prestación de servicios al cliente PPCV». Las «contradicciones» en las cuentas de Orange, señala el informe, «hacen sospechar» que ha habido «operaciones asimiladas a las donaciones, esto es, la asunción por un tercero del coste de un servicio electoral».

«De confirmarse este hecho -prosigue el atestado- ello podría suponer una grave irregularidad contable». La Oficina Nacional de Investigación Contra el Fraude, que repasa de manera prolija la legislación sobre financiación de partidos, recuerda que «la aplicación de los principios contables más básicos -devengo, registro y no compensación- obligaba al PPCV a registrar como un ingreso propio de su actividad las donaciones», algo que la formación no hizo.

Irregularidades que derivaron en otras trampas contables en el partido que, habida cuenta de que todo ese dinero era en negro, tampoco «registró el gasto correspondiente a la realización de los actos electorales o las campañas publicitarias correspondientes».

Para Hacienda, es evidente que el PP valenciano ha movido dinero B: «La opacidad con la que se entregan cantidades a Orange Market para el pago de gastos de campaña hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes, por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas por terceros». El montante supuestamente oculto por el PP es de 2,5 millones euros en 2007 por gastos de campaña para los dos comicios. En ese ejercicio, la formación pagó en 'limpio' 634.608 euros, según el informe. Detrás de esas trampas, afirman los inspectores, aparecen las siglas «RC» y «VC», cuya verdadera identidad no desvelan.

Apenas conocido el informe, el Partido Popular preparó una demanda por prevaricación y falsedad en documento público contra el funcionario de Hacienda autor del atestado. Los populares denuncian que «se advierte la intencionalidad clara y manifiesta de su autor de inducir la imputación de hechos punibles al Partido Popular, con desprecio de la verdad y ánimo tendencioso».