Arranca el juicio con jurado por el crimen de Loli Amaya

Desde que se instaurara la figura del jurado popular en España, se estableció una máxima no escrita pero sí ratificada una y otra vez por la práctica. Las acusaciones particulares prefieren a un conjunto de ciudadanos que a un tribunal profesional porque las posibilidades de obtener penas más elevadas son mayores. Sin embargo, las defensas, sabedores de esta tendencia, tratan de esquivarla como sea.

Hoy arranca el juicio por el crimen de Loli Amaya en la Audiencia Provincial. El presunto asesino, para quien la Fiscalía pide 28 años, tendrá enfrente a tres magistrados y no a nueve personas como ha ocurrido en otros asuntos similares llevados a juicio en esta provincia. Sirva de ejemplo el procedimiento por la muerte de Dominga Ramírez, quien fuera asesinada en su partidito de la Viña en octubre de 1998.

Un jurado popular dictó sentencia en este asunto por asesinato, pero también por robo, cuando se trata de un delito materia de los jueces. Aunque bien es cierto que este procedimiento es anterior al último acuerdo del Supremo sobre las competencias de ambas figuras, fechado el 20 de enero. En él se establece que la intencionalidad del imputado determinará qué tribunal asumirá el caso cuando haya varios delitos encima de la mesa. Es decir, que si el acusado quería robar y terminó matando a su víctima, recae el caso en los magistrados. Y si hay duda sobre esa secuencia, la competencia se decidirá en función del hecho más grave que se enjuicia. Si bien, la regla general establece que deben separarse en juicios distintos un mismo caso cuando incluya delitos que son competencia de magistrados y también del jurado popular.

Distintas interpretaciones

La interpretación de este criterio ha dado resultados diversos; lo que podría indicar que es una norma un tanto difusa cuando se lleva a la práctica. En el caso de Marta del Castillo, el destino de los procesados está en manos de nueve ciudadanos. Sin embargo, la secuencia de hechos que se ha podido establecer tras concluir la instrucción es que el principal acusado quiso violar a la joven y luego la asesinó supuestamente. Siguiendo con ese relato, el asunto debería ser enjuiciado por un tribunal profesional.

Pero no hay que buscar ejemplos fuera de la provincia. La Audiencia Provincial decidió en marzo que el supuesto asesino de una mujer en El Puerto tendría que enfrentarse a dos procedimientos distintos: uno por el delito de sangre, competencia del jurado, y otro por supuesto maltrato habitual, que será estudiado por jueces. Se trata del caso de María Victoria, quien muriera presuntamente a manos de su ex pareja en 2008. La abordó en un asador de pollos de la localidad le asestó varias puñaladas por sorpresa. Tras su arresto, el imputado reconoció ante el juez que la había matado porque la odiaba.

La sombra del jurado podría, por tanto, marcar el juicio que arranca hoy en la Audiencia. Pero no será el único ingrediente que pueda suscitar debate. Todo apunta a que el análisis que se haga al estado mental de José Manuel J. S. concentrará buena parte de la vista oral. La defensa apelará a un trastorno para obtener una rebaja en la pena, si es condenado, ya que la discusión sobre la autoría parece descartado después de que el acusado reconociera los hechos y guiara a la Guardia Civil hasta el arma del crimen. Sin embargo, el fiscal niega cualquier influencia de una enfermedad mental.