Zapatero busca cómplices y choca con la exigencia de elecciones anticipadas

Ya no es sólo el PP. El Gobierno se encontró ayer con la sorpresa de que también Convergencia i Unió, la formación que podía ser su mejor báculo, reclama un anticipo electoral e incluso una moción de censura. El anuncio del Banco de España de que por fin se ha acabado la recesión de poco ha servido frente a los batacazos sufridos por la Bolsa y el precio alcanzado por la prima de riesgo del país. Las críticas a José Luis Rodríguez Zapatero arrecian, justo cuando él pretendía recabar el apoyo del Congreso con una comparecencia de urgencia que tendrá lugar el próximo miércoles.

El presidente del Gobierno contaba con que la aparición de los primeros datos positivos de consumo y la cifra de crecimiento del PIB del primer trimestre del año, aunque escasa, un 0,1%, serviría para atemperar los ánimos en el ámbito político. Un adelanto de elecciones no estaba desde luego entre sus planes. Y, según la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, sigue sin estarlo. «Estamos gobernando y tenemos mucho que hacer», alegó tras el Consejo de Ministros de ayer.

En más de una ocasión el jefe del Ejecutivo ha explicado que, a su juicio, agotar las legislaturas fue uno de los aciertos de José María Aznar. El caso es que ahora está obligado a lidiar con el toro que le plantea la oposición. No es que pueda temer que le tumben, porque las posibilidades de formar una mayoría alternativa son escasísimas, pero el clima hostil que implican los nuevos planteamientos de CiU sí amenaza su estabilidad.

El portavoz nacionalista en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, afirmó en su carta semanal a los militantes de Unió que lo «ideal» hoy sería presentar una moción de censura para formar un gobierno de coalición entre partidos que comparten «denominadores comunes» frente a la crisis, acometer las reformas oportunas y, en el plazo de unos «pocos» meses convocar elecciones.

Duran no aclara en su misiva a qué partidos se refiere. Pero es obvio que si en esta legislatura ha coincidido con alguien en cuestiones relativas a política fiscal, mercado laboral y recorte de gasto, ha sido con el PP y en buena medida con el PNV, uno de cuyos senadores, Iñaki Anasagasti, también se pronunció esta semana a favor de la convocatoria inmediata de elecciones. Aún así, los escaños de estas tres fuerzas no serían en ningún caso suficientes para alcanzar la mayoría absoluta preceptiva para que el Congreso descabalgue a Zapatero del poder y nombre un nuevo presidente.

Fuentes gubernamentales restaron trascendencia a la salida del dirigente demócratacristiano. Y también el PP. El número dos de este grupo en el Congreso, José Luis Ayllón, adujo que a su partido no le gustan los tripartitos y que por lo tanto no estaría interesado en sacar adelante una moción de censura con «determinados apoyos». Una matización gratuita porque él mismo recordó que en todo caso no hay posibilidad de ganar esa partida.

Los populares juegan pues a otro caballo, que es el del adelanto. Su presidente se cuidó de exigirlo abiertamente el miércoles en la Moncloa, pero ya dio la puntilla con aquello de «aquí hay una alternativa dispuesta a gobernar». Y ayer repicaron la misma idea el portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Ataques

En este difícil clima, Zapatero pretende lograr lo que no consiguió el miércoles con el líder de la oposición: lanzar un mensaje conjunto en defensa de la solvencia de España. Ha solicitado comparecer ante la cámara el miércoles para explicar a qué se deben los «ataques» especulativos que han colocado al Ibex 35 en el peor momento del año. Su tesis, reiterada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, es que la situación no se debe tanto a los problemas patrios como a los «inaceptables» movimientos contra el euro y contra Europa.

Si el resto de portavoces consienten, su intervención sustituirá a la prevista sobre Afganistán. El Gobierno cree que lo excepcional del momento lo precisa. Pero lo que se encontrará no será la alta receptividad que espera. PNV y ERC también achacan al Ejecutivo cierto grado de ceguera y le acusan de acusar a las agencias de rating de las desgracias de España sin tener en cuenta que los mercados internacionales miran con recelo los problemas estructurales del país y la lentitud de los planes prometidos.