El Supremo eleva a tres años y medio la condena contra el dueño de Provigades
La promotora vendió 21 viviendas en el Poblado de San Carlos, en San Fernando, sin revelar a sus clientes que las casas eran ilegales
Actualizado:El 'caso Provigades', por la estafa en la venta de pisos en el poblado de San Carlos, en San Fernando, se acerca a su fin después de permanecer ocho años enmarañados en una guerra de recursos enfrentados en los juzgados.
Ahora, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena contra José Antonio G. de A. -el administrador único de la inmobiliaria Provigades y autor de la estafa- y además ha elevado la pena dictada por la Audiencia Provincial a finales de 2008, que le imponía dos años y cinco meses de prisión, permitiéndole así eludir la cárcel.
El Alto Tribunal, en cambio, lo condena a tres años y medio, tras estimar los recursos que presentaron la Fiscalía de Cádiz y una de las afectadas en la estafa. La sentencia, por tanto, llevará al empresario isleño a ingresar en prisión.
Juan Antonio G. de A. fue acusado de engañar a los compradores de 21 viviendas que su empresa había construido en 2002 en un solar del Poblado de San Carlos, en San Fernando, a los que no contó que la promoción habían sido declarada ilegal por un tribunal de la Audiencia Nacional, y que había orden de ser derruidas por estar asentadas en un perímetro de seguridad militar.
Provigades había levantado las viviendas en un antiguo solar del Ejército que, según el PGOU de San Fernando, era de uso residencial. De hecho, antes de iniciar las obras, el empresario obtuvo todas las licencias pertinentes del Ayuntamiento isleño. Sin embargo, la empresa se topó con un obstáculo imprevisto: necesitaba también un permiso del Ministerio de Defensa, al estar aún las casas dentro de un perímetro de seguridad militar.
La inmobiliaria trató de obtener dicha autorización en diversas ocasiones, pero cada solicitud regresaba denegada. Durante dos años, la empresa recurrió las decisiones de Defensa hasta que la disputa llegó a los tribunales, pero nunca se paró la construcción. Finalmente, en 2002, la Audiencia Nacional confirmó la prohibición de edificar en la zona, pero para entonces los adosados estaban terminados e incluso vendidos, sin que los compradores supieran que sobre sus propiedades había una causa judicial abierta. Provigades tampoco les comunicó que el tribunal había ordenado derribar las casas, de lo cual se enteraron por una carta remitida por el Ministerio de Defensa.
La noticia fue traumática para los dueños, aunque fueron más angustiosos los seis años siguientes, en los que vivieron pendientes del posible derribo. Finalmente, en agosto de 2008 (cuatro meses antes del juicio) un acuerdo entre el Ayuntamiento y Defensa permitió retirar el perímetro de seguridad, dejando las viviendas fuera de él.
La Audiencia condenó a José Antonio G. de A. por ocultar la información a sus clientes, pero consideró que había levantado las casas creyendo que era legal, así que redujo la pena al mínimo. El Supremo, ahora ha desechado esta apreciación, y recuerda que el acusado sabía que la construcción era ilícita.