La medida de la polémica

El baremo publicado por la Consejería de Salud en la Orden de 8 de abril de 2010, establece cincuenta puntos como máximo por experiencia laboral, treinta y cinco puntos por formación académica y quince puntos por formación complementaria. En el desarrollo de los méritos, la Orden establece que los farmacéuticos comunitarios (los de las boticas) obtendrán cinco puntos por año trabajado, al igual que los farmacéuticos de centros sociosanitarios (que incluye a los hospitalarios y a los que trabajan en centros de atención primaria). Uno de los argumentos esgrimido por la Sefac (sociedad científica y profesional de ámbito nacional, que entre sus asociados tiene tanto a boticarios propietarios de farmacia como a adjuntos) es que esta igualdad que establece ahora la Junta para puntuar la experiencia profesional no la contempló en el último concurso para las plazas de Técnico del Medicamento (farmacéuticos de centro de salud), en el que no se valoró con ningún punto la experiencia de los boticarios comunitarios. En ese caso, la Administración andaluza entendió que se trata del desarrollo de competencias profesionales diferentes, algo en lo que coincide con la Sefac, por lo que la organización pide igualdad de trato para este concurso.

Recurso

Según expertos en estos procedimientos administrativos, esta discrepancia proviene de la sentencia d el Tribunal Supremo (TS) al recurso que presentaron los farmacéuticos hospitalarios cuando salió el anterior desarrollo de la Ley, en la que ellos salían perjudicados. La Junta interpreta que el TS dice que hay que puntuar a todos los farmacéuticos de la misma manera, mientras que la Sefac deduce que lo que ordena el TS es que si se puntúa más a unos que a otros, hay que justificarlo. De todas formas, la puntuación por la especialidad hospitalaria, que los sitúa en ventaja, «ha sido una perversión del baremo que contradice el fondo de la normativa», apuntaron desde la Sefac.

En su recurso la Sefac ha pedido la paralización del proceso, puesto que la entrega de documentación termina el próximo día 20 de mayo, y desde esta sociedad se pretende «evitar males mayores. Que no pase como en Galicia o en Gran Canaria, donde el Tribunal Superior nos dio la razón cuando las oficinas de farmacia ya estaban adjudicadas. Y esto supone un desembolso en instalaciones y personal que es muy difícil de recuperar después».