El juez investigará a los directivos de la Generalitat que contrataron con 'Gürtel'

El juez del Tribunal Supremo de Madrid, Antonio Pedreira, se ha volcado en las últimas semanas en la investigación de la trama 'Gürtel' en la Comunidad Valenciana, con el único límite de los políticos del PP aforados en esa autonomía. Pedreira incluso prepara la imputación de altos cargos de la Generalitat por las supuestas irregularidades en las adjudicaciones públicas a la red empresarial corrupta, que ha revelado un informe la Intervención General de la Administración del Estado. Unas acusaciones que niega el propio gobierno autonómico y sus servicios de Intervención y Abogacía.

El magistrado madrileño ha dado el primer paso tras recibir el controvertido estudio. El pasado jueves, según una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, «requirió» a la abogada general de la Generalitat Valenciana, Isabel Villalonga, para que «informe sobre la identidad de quienes fueran, desde el año 2004 al 2009, los máximos responsables de los 17 departamentos (incluidos la Presidencia, Vicepresidencia y siete consejerías) que cerraron contratos con nueve empresas del grupo 'Gürtel', tal y como informó la Unidad de Apoyo Judicial.

«Cargo actual»

Pedreira ordena a Villalonga que le remita información detallada sobre quiénes eran los «consejeros, presidentes, directores, etc...» que estaban al frente de esos organismos públicos (que enumera uno a uno) y «una vez identificados los mismos», que informe sobre «el cargo que desempeñan en la actualidad». Esta última postilla -explicaron fuentes del caso- es para conocer si entre las personas bajo investigación, como así ocurre, hay varios altos cargos que están aforados, por lo que no podría ni imputarles ni llamarles a declarar como testigos.

La iniciativa de investigar hasta el final las responsabilidades penales de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps tras el informe de la Intervención del Estado del 16 abril ha surgido de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado miércoles pidió, entre otras gestiones, al juez que se pusiera en contacto con la Abogacía de la Generalitat para saber el nombre de quién firmó los polémicos contratos y quién era el responsable de cada departamento en ese momento.

Anticorrupción, tras estudiar durante doce días el informe de la Oficina de Auxilio Judicial, ve indicios de delito en varios de los contratos, según informaron fuentes del Ministerio Público. El estudio de la Intervención, que fue aireado el jueves por el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, revela que el Gobierno de Camps adjudicó más de 7,2 millones de euros a la trama 'Gürtel' entre 2004 y 2009. Los inspectores entienden que al menos 14 de los 85 contratos localizados fueron irregulares. Además, la inmensa mayoría de los expedientes, 76, fueron tramitados como «contratos menores» (menos de 12.000 euros) soslayando así el concurso público. La firma más beneficiada por el Ejecutivo de Camps fue, con mucho, 'Orange Market', la mercantil que dirigía Álvaro Pérez, 'El Bigotes' (amigo íntimo del 'president'), quien recibió 45 de los 85 contratos por un valor superior a los 6,8 millones de euros.

«Contratos menores»

El informe denunció que en muchos casos, el Gobierno autonómico «fraccionó el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto- vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública».

Tanto el Gobierno de Francisco Camps como la Intervención de la Generalitat Valenciana y la Abogacía autonómica, a la que Pedreira ha requerido la información sobre los altos cargos bajo sospecha, han negado en los últimos días las acusaciones de la Unidad de Auxilio Judicial, a las que sí ha dado credibilidad el instructor del caso y Anticorrupción.

La Abogacía de la Generalitat aseguró «que todas las contrataciones realizadas por la administración autonómica se ajustan a la más estricta legalidad y cumplen lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» y que la «Generalitat ha sido perfectamente auditada y fiscalizada sin que se haya encontrado ningún elemento de ilegalidad en los órganos de control, como son la Intervención General o la Sindicatura de Comptes».

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, enmarcó la petición de la Fiscalía de pedir datos sobre los altos cargos en una «maniobra» para influir en el Supremo, que el próximo 12 de mayo decidirá si reabre la causa contra Camps y sus colaboradores. El diputado recordó que los contratos denunciados ya fueron revisados por la Justicia valenciana y por Baltasar Garzón sin encontrar irregularidades.