El Congreso reforma el Código Penal para agravar las penas por corrupción

El Congreso, tras dos meses de discusiones, aprobó ayer la reforma del Código Penal sin el apoyo del PP, que se abstuvo, y con los únicos votos en contra del PNV y Nafarroa Bai. El Gobierno superó la mayoría absoluta necesaria con el respaldo de PSOE, CiU, ERC, Coalición Canaria y UPN, y lograron que IU, BNG y UPyD, muy críticos con el texto, porque lo consideran represivo en exceso, cambiasen su no inicial por la abstención.

La reforma remitida al Senado para su aprobación final es la tercera gran modificación del Código Penal de 1995 y la número 26 con cambios parciales. Es una transformación seria que altera más de 150 artículos y agrava las penas para los terroristas, el crimen organizado, agresores sexuales -en especial los delitos contra menores-, los corruptos, y los rateros reincidentes. Declara imprescriptible el asesinato terrorista, introduce nuevos delitos, y establece la libertad vigilada tras la condena para los terroristas, violadores y delincuentes peligrosos, pero no incorpora la pena de cadena perpetua como pretendía el PP.

La abstención de los populares fue vivida por los socialistas como una traición porque habían negociado desde hace más de año y medio las principales reformas del proyecto, en el que se incluyen muchas propuestas conservadoras, y hasta la semana pasada, cuando el PP se descolgó, tenían sellado un pacto para la aprobación del proyecto. Es una «absoluta deslealtad» y la demostración de que «no son de fiar», se lamentó el portavoz socialista Julio Villarrubia. «España no se merece esta oposición, que sólo quiere conseguir el poder como sea», añadió.

Federico Trillo, su homólogo del PP, justificó el cambio en que el resultado final tenía «demasiados huecos y demasiadas sombras», con un endurecimiento «insuficiente» de las penas para los grandes delitos y los reincidentes, al tiempo que tildó de «memeces» las pegas de inconstitucionalidad a la cadena perpetua. El PNV votó no justo por lo contrario, por ver una reforma «inasumiblemente represiva», en palabras de Emilio Olabarria.

Cacicadas y sobornos

Uno de los capítulos fundamentales de la reforma es el que busca acorralar a los corruptos, tanto del sector público como de las empresas privadas, con la ampliación y endurecimiento del abanico de delitos vinculados a estos comportamientos. Las enmiendas introducidas por socialistas, ERC, IU y PNV harán que todos los delitos de corrupción, además de con multas e inhabilitaciones, estén castigados desde ahora con penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los seis años.

Una de las grandes novedades es el endurecimiento de las penas para las prevaricaciones urbanísticas cometidas o consentidas por funcionarios o cargos públicos y que pueden acarrear prisión de seis meses a dos años. El paquete incluye la ocultación de infracciones en las inspecciones o la no inspección, la concesión ilegal de licencias, y cualquier abuso en las potestades de planeamiento, gestión o reparcelación.

Con penas idénticas se sancionará a los cargos públicos, funcionarios o particulares que practiquen el tráfico de influencias, traten de hacer negocios desde su puesto privilegiado, o apañen concursos o procesos de liquidación de haberes. El tradicional delito urbanístico también eleva su pena de prisión hasta los cuatro años.

El siguiente gran bloque es el de cohechos y sobornos. La reforma crea el delito de corrupción entre particulares (el equivalente al cohecho de los funcionarios), que extiende también a la compra de competiciones deportivas o sobornos en ese mismo terreno, y el de corrupción a un funcionario extranjero durante las transacciones internacionales. El primero se paga con penas de seis meses a cuatro años de cárcel y el segundo con prisión de dos a seis años.

La tercera novedad del apartado es el endurecimiento del cohecho impropio, el delito que imputaron al presidente valenciano, Francisco Camps, por aceptar trajes de las empresas de la trama 'Gürtel' aunque no constase que pidiesen nada a cambio. Hasta ahora se solventaba con una multa, con la reforma supondrá una condena de cárcel de seis meses a un año y la suspensión en el empleo o cargo de uno a tres años.

Pero es que además, se considerará una agravante del blanqueo de capitales, que puede acarrear hasta seis años de prisión adicionales, si el dinero ilícito escamoteado se ha logrado mediante alguno de los anteriores delitos urbanísticos o contra la Administración.

El capítulo anticorrupción del proyecto establece una última medida, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que puede acarrear la multa, la inhabilitación o el cierre de la empresa que era utilizada para lograr los objetivos de este tipo de tramas corruptas.