La Ley de Aguas hace aguas

La Ley de Aguas hace aguas. Una confusión insólita en el Parlamento hizo ayer que la primera ley autonómica sobre la gestión de los recursos hídricos incluya en su texto definitivo mandatos contradictorios. El PSOE, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, aprobó por error la Ley de Aguas con 29 enmiendas del PP que introduce cambios sustanciales al articulado de la norma que hizo el Gobierno. La confusión fue descubierta después de que se realizara la votación final y de que incluso el presidente de la Junta y representantes de varios colectivos sociales que han colaborado en su elaboración se felicitaran mutuamente en la puerta del hemiciclo. En pleno desconcierto, el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, anunció que acudirá a los servicios jurídicos y a la Mesa de la Cámara para subsanar el error con otra votación. La entrada en vigor de la norma, prevista en el plazo de un mes, se verá por el momento paralizada.

El debate de esta ley, inspirada en el Pacto Andaluz por el Agua, concluyó con una votación final en la que, tal como estaba previsto, fue apoyada por el PSOE e Izquierda Unida, mientras el PP la rechazó. Nadie parecía haberse percatado en ese momento de la equivocación socialista durante la votación de las enmiendas de cada grupo minutos antes. Por indicación errónea del secretario del grupo, José Muñoz, el PSOE votó un bloque de 29 enmiendas del PP que de inmediato quedaron incluidas en el texto definitivo de la ley.

Una de las enmiendas del PP introduce la unidad de cuenca frente a la unidad de gestión de las demarcaciones hidrográficas que defiende el Ejecutivo socialista, según explicó la portavoz del PP en el debate de la ley, Carolina González Vigo, acompañada del secretario del grupo popular, Jorge Ramos. Otra alegación desmonta la propia estructura de la Agencia Andaluza del Agua, ya que en lugar de directores de la agencia en cada provincia, se organizaría con un director por cada cuenca con rango de jefe de servicio y no como cargo político, especificó González Vigo.

Otra propuesta admitida descafeina el Observatorio Público del Agua, órgano de nueva creación que, según el texto original, tendría la misión de fijar estándares de calidad sobre el servicio, para con ellos fijar las tarifas. Su sede estará en Málaga. El PP modifica esta filosofía y otorga en su lugar más competencias al Consejo Andaluz del Agua, donde participan los entes sociales. También echa por tierra la pretensión del Ejecutivo de llevar a cabo planes hidrológicos en el Guadalquivir y deja manos libres a los ayuntamientos para que puedan realizar una doble factura del agua, una de ellas con la tasa autonómica. El articulado original incluía sanciones administrativas por esta doble facturación.

González Vigo manifestó su «perplejidad» por el respaldo del PSOE a sus enmiendas y justificó su rechazo a la ley a pesar de ello, porque «sigue sin ser buena y sin corregir defectos como el intervencionismo o la subida de las tasas». Por ello, instó ayer al PSOE a pedir su retirada y hacer una normativa nueva, ante el desaguisado por la inclusión de las enmiendas de su partido. El portavoz socialista, Mario Jiménez, descartó que la ley vaya a ser retirada y aseguró que el error «es subsanable» con el Reglamento de la Cámara. En este sentido, IU indicó que el artículo 122 del citado reglamento prevé esta vía cuando se aprueban normas con «incongruencias».

Uzquierda Unida respaldó la norma tras ser atendidas 13 de sus enmiendas, que contribuyen a fortalecer los aspectos más «ecológicos» del enunciado, como la protección de las masas de agua. La nueva ley contempla, entre otras novedades, la creación de los bancos públicos de agua, que permitirá adquirir derechos de su uso en zonas excentarias para utilizarlos en otras con carencias.