El Ayuntamiento sanciona ahora lo que antes defendía

Lo que hace apenas unos meses el Gobierno municipal defendía de forma incondicional, es ahora motivo de sanción. El Ayuntamiento ha decidido abrir un nuevo expediente a la antigua concesionaria del servicio del alcantarillado por el que le reclama más de 150.000 euros. La razón es el incumplimiento del número de trabajadores que deberían prestar el servicio y por lo que la empresa cobraba. Cantidad que se debe sumar a los 200.000 euros del primer expediente correspondiente a la doble facturación.

La sanción ya asciende a más de 350.000 euros y todo ello cuando siguen sin aparecer un año de partes de trabajo de la empresa. Además, en estas cifras faltan siete meses de trabajos, ya que las investigaciones se pierden el 15 de abril de 2009 cuando la adjudicataria no cesó del servicio hasta octubre del mismo año.

«Según los cálculos podrían ser más de 30.000 euros los que se deberían añadir a las cantidades anteriores por seguir prestando el servicio sin contar con la plantilla adecuada», afirmó el concejal socialista, Fernando León, encargado de denunciar las «irregularidades» que se estaban cometiendo en el alcantarillado.

Finalmente, el Consistorio decidió abrir una investigación y los propios técnicos municipales han certificado todas las acusaciones socialistas. Las mismas que un pleno extraordinario fueron negadas tanto por el Partido Andalucista como por el Partido Popular.

«Hemos demostrado en la sesión que la UTE San Fernando cuenta con el personal acordado para prestar el servicio y que no se ha cometido ninguna irregularidad ni fraude por lo que los socialistas han vuelto a quedar en ridículo», aseguró Rosario Álvarez, delegada de Desarrollo Sostenible en un pleno que rechazó que se formara una comisión de investigación en la que estuvieran presentes todos los grupos municipales.

Sin embargo, unos meses después el propio Consistorio ha decidido sancionar a la empresa por no contar con los trabajadores y por doble facturación, demostrándose tanto la presunta irregularidad como el supuesto fraude. «¿Qué hacemos ahora? Primero niegan las acusaciones de los socialistas y ahora deciden que llevábamos razón e inician un nuevo expediente. Lo que está claro es que o lo sabían o había engañado al equipo de Gobierno», subrayó el propio León.

Según la plica del contrato la empresa tenía que contar con una media mensual de 10,6 empleados y desde 2005 nunca ha llegado a esa cifra. Esta fue la primera denuncia que realizaron los socialistas sobre las «irregularidades» del alcantarillado, rebatidas por el bipartito con certificados de la Seguridad Social que se han convertido en papel mojado ante las pesquisas de los técnicos municipales.