La lucha electoral agrieta el frente común catalán

La resolución que el Parlamento catalán tenía previsto aprobar este miércoles para pedir la renovación de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional cuyo mandato ha expirado seguía en el aire a última hora de la tarde del martes. La declaración institucional tiene como objetivo provocar cambios en la composición de la corte que impidan que dicte una sentencia que recorte el contenido del 'Estatut'.

Aunque José Montilla y Artur Mas habían desencallado a primera hora del martes el ansiado frente común catalán contra el Constitucional, problemas de última hora pusieron en peligro la iniciativa por la negativa de ERC y CiU a firmar la propuesta.

Y es que, siempre con un ojo puesto en la negociación y con el otro en las próximas elecciones, las cuatro formaciones -PSC, CiU, ERC e ICV-anunciaron que votarían a favor del texto de la resolución, si bien sólo los socialistas y ecosocialistas se comprometieron a firmarla. ERC no la suscribió porque entiende que hay que ir más allá y su objetivo es la independencia, mientras que CiU se negó porque la iniciativa no contaba con el apoyo unitario del tripartito.

Al cierre de esta edición, aún negociaban para que el texto cuente con la rúbrica de los cuatro. El PSC, en tono de advertencia, anunció que se planteaba incluso no presentar la resolución este miércoles en el registro de la cámara a menos que CiU la firme.

Fue un nuevo tira y afloja entre el PSC y CiU que, tras días de reuniones, habían acordado una propuesta que constaba finalmente de cuatro puntos: reafirma la plena constitucionalidad del 'Estatut', insta a Congreso y Senado a proceder de forma inexcusable a la renovación del tribunal, emplaza al Constitucional a declararse incompetente para pronunciarse sobre un texto aprobado en referéndum y pide reformar la ley orgánica del tribunal para impedir la permanencia en el órgano de magistrados con el mandato caducado.

Antes de un mes

Los partidos catalanes, según la resolución, harían todo lo que esté en sus manos para presentar antes de 30 días una iniciativa en el Senado para cambiar la ley del Constitucional, con el objetivo de que los magistrados no puedan prolongar su mandato más allá de los nueve años para los que fueron elegidos. El dónde presentar la iniciativa (la cámara alta) era una de las condiciones para el acuerdo del PSC, que cuenta con grupo propio en el Senado, junto a ERC e ICV, y por lo tanto no se verá obligado a votar de forma diferente que sus socios en el Congreso, donde los 25 diputados catalanes están integrados en el grupo del PSOE y nunca han votado de forma distinta.

El frente común contra el Constitucional era la primera medida preventiva que emprenden los partidos catalanes contra un tribunal.Los partidos catalanes confían en que una renovación de los magistrados con el mandato cumplido desencallaría el fallo y, con una nueva mayoría progresista, lo reconduciría hacia sus intereses. Quieren demostrar que van en serio cuando amenazan con emprender acciones conjuntas en caso de una sentencia restrictiva. Consideran que el problema del encaje de Cataluña en España no acaba de resolverse y que «están en juego los pactos profundos que han hecho posible los 30 años más virtuosos de la historia de España», según señaló el editorial conjunto publicado en el mes de noviembre por doce diarios catalanes.

Montilla siempre ha mantenido que mientras no haya sentencia no es necesario aplicar la venda antes que la herida. Pero la fuerza de los hechos y la proximidad de las elecciones le han obligado a mover ficha. La gota que colmó el vaso se produjo el 16 de abril, cuando el tribunal rechazó el quinto borrador de sentencia. «Es vuestro 'Estatut', nuestro 'Estatut', mi Estatut y lo defenderé siempre, allá donde haga falta y ante quien haga falta», dijo Montilla en proclamación como candidato del PSC.