Los jueces, reacios a imponer las pulseras con GPS para vigilar a supuestos maltratadores

Pese a sus años de experiencia como policía, nunca se había topado con una mirada tan fría. Ese gélido gesto visual salió de los ojos de quien acababa de matar a su pareja sentimental y había tratado de descuartizarla para deshacerse del cadáver. Jin Jan Dong simplemente se levantó cuando los agentes llegaron a su piso -escenario también del crimen-, y dócilmente mostró sus manos para ser esposado. Un lobo con piel de cordero que al final terminó confesando: la había matado por celos. La más recurrente e irracional de las respuesta cuando se les pregunta a los agresores y asesinos de mujeres. Este crimen que acaba de juzgarse en Jerez, y que concluyó con una condena de 17 años para el procesado, tiñe aún más de negro las estadísticas de violencia de género en la provincia, que un año más vuelven a dejar pequeñas las del ejercicio anterior.

Muchos ven en la Ley Integral contra la Violencia de Género la razón de este incremento constante en el número de denuncias al facilitar a las víctimas a que den el paso definitivo y rompan con el silencio. Si bien, esta misma norma ha sido cuestionada desde distintos colectivos, no por su fin, sino porque ampara de forma indirecta el fenómeno de la denuncia falsa que se produce, especialmente, en los procesos de separación.

Pero quizás el principal inconveniente surgió con la efectividad de las medidas de protección que se conceden a las víctimas para alejarlas de la órbita de su agresor. La falta de recursos policiales para vigilar a un número cada vez mayor de mujeres que denuncian malos tratos se lo puso fácil a aquellos individuos que terminaron matando a sus parejas, pese a que éstas lo habían denunciado y tenían una orden de alejamiento.

3.000 unidades de inicio

Para tapar esa vía de agua, en julio del año pasado los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior presentaban un sistema de seguimiento vía GPS para tener controlados a distancia a supuestos agresores sobre los que pesa una medida cautelar de alejamiento. El dispositivo, en esencia, consiste en una pulsera que debe vestir el imputado y que transmite constantemente su posición. La víctima también lleva otro dispositivo que le alerta si su amenaza se encuentra dentro del límite establecido.

El Gobierno realizó una inversión de cinco millones de euros para la compra de 3.000 unidades. Sin embargo, su implantación está siendo muy lenta. A día de hoy sólo hay cinco pulseras activadas en la provincia, aunque el año pasado, por acudir a las últimas estadísticas, se concedieron 310 órdenes de alejamiento y se solicitaron 1.277 medidas de protección, de las cuales se denegaron 190. Más de un millar de mujeres, por tanto, no podían estar cerca de sus cónyuges o ex parejas. La relación entre posibles agresores y el número de dispositivos de GPS en funcionamiento está muy descompensado.

La principal razón es que los jueces, únicos capacitados para imponer ese sistema de control, son reacios a adoptarlo, teniendo en cuenta que se acuerda para evitar el quebranto de una orden de alejamiento establecida de manera cautelar. El imputado no está condenado y su situación penal puede cambiar, según diversas fuentes judiciales. Tampoco está siendo una medida muy demandada por la Fiscalía.

Sólo 270 en funcionamiento

No es un caso aislado el de Cádiz. Si se mira las experiencias de otras provincias andaluzas se observa una tendencia muy similar. En Sevilla no fue hasta noviembre cuando un juez impuso la primera pulsera. Por esas fechas sólo había tres supuestos maltratadores andaluces vigilados desde un centro de control que está en Madrid. La propia ministra de Igualdad, Bibiana Aido, también ha reconocido públicamente que es un sistema que podría ser más explotado por los jueces. Otro buen ejemplo son provincias como Burgos, donde no se ha activado ninguna. A primeros de abril había sólo en funcionamiento 270 de los 3.000 dispositivos adquiridos por el Gobierno en el país.

En el caso de Andalucía, 2009 se caracterizó por arrojar la peor cifra de muertes si se compara con otras comunidades. Quince mujeres fallecieron (una en Cádiz) según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ese dato está muy por encima de las diez defunciones registradas en Cataluña o las ocho de Valencia.

En estos momentos, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género no tiene registrada a ninguna mujer bajo el nivel de riesgo extremo en la provincia. Si bien, este sistema informático atribuye etiquetas que van desde un posible peligro no apreciado hasta el máximo según una serie de variables (empleo de armas, reincidencia, abuso de alcohol y drogas del agresor...), en la que no tiene cabida el análisis personal. Fuentes policiales confirmaron que dicha calificación, que está sometida a un seguimiento periódico, no es del todo fiel con la realidad que vive la denunciante al adjudicarse de forma automática. De ahí que se revise regularmente.