Entra en prisión la madre de la menor mauritana violada

Hawa Mint, la madre de la joven de origen mauritano que fue violada en 2007 en Puerto Real por su marido, entró finalmente en prisión el pasado viernes para cumplir la condena de 12 años de cárcel que el Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de marzo, por obligar a su hija a mantener relaciones sexuales contra su voluntad.

Hawa Mint y su esposo, Mohamed Ould Abderrahmane, forzaron a su hija de 14 años a acostarse con su primo lejano, Moctar O. S., entonces de 41 años, con el que la habían obligado a casarse en Mauritania. El esposo fue condenado por un delito de violación a 13 años de cárcel, que el Supremo redujo a 12 y que cumple en Puerto II desde que fue detenido en 2007. En cambio, la madre de la menor ha permanecido en libertad hasta ahora, a pesar de la gravedad de los delitos que se le imputaban: el de agresión sexual, otro de amenazas y otro de vejaciones, por golpear a su hija y amenazarla con apedrearla si no se acostaba con su marido. La pena impuesta también era la más alta, de 17 años, pero el Supremo la redujo finalmente a 12 años.

Ahora, Hawa Mint ha entrado en la cárcel de Puerto III al cumplirse el plazo de ingreso voluntario que marca la Ley, y a la espera de que se acepte la petición de su abogado, José Álvarez, para que continúe la condena en su país de origen, Mauritania, en virtud del acuerdo que existe entre España y el país africano.

Por otro lado, el padre de la joven ha eludido por ahora la cárcel y sigue en libertad, a pesar de estar también condenado por un delito de amenazas a dos años y seis meses. Un castigo impuesto por el Tribunal Supremo que, en su caso, incrementó la sentencia de la Audiencia Provincial. El abogado de la familia mauritana ha solicitado el indulto de Mohamed Ould, que lo exima de acabar entre rejas, y ha pedido a la Audiencia que suspenda la pena, mientras el Gobierno decide si perdona a este hombre.

El proceso judicial contra los progenitores y el marido de la menor fue seguido de cerca por los medios de comunicación de Mauritania, que lo tomaron como un supuesto conflicto cultural entre países, acusando a la Justicia española de cuestionar la tradición del país africano y los matrimonios prematuros. Un mensaje que muchos familiares de los condenados enarbolaron con pancartas en la puerta de la Audiencia, durante el juicio hace un año. Aparte de la prensa, también líderes religiosos y políticos del país exigieron públicamente la libertad de los acusados, y llegaron a amenazar la seguridad de los españoles afincados en aquel país. Esto podría hacer pensar en una excarcelación de la madre y el marido, si llegaran a ser trasladados a Mauritania. Sin embargo, su abogado insiste «en que existe un acuerdo que hay que cumplir».