Los obispos defienden que la Constitución ampara el uso del velo

Parece difícil que el Gobierno entre a regular el uso del 'hiyab', o de cualquier otro símbolo religioso, en la futura ley de libertad religiosa. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró ayer partidaria de respetar los «usos y costumbres» religiosos o culturales siempre y cuando, advirtió, «no conculquen derechos fundamentales, derechos humanos o sean contrarios a la seguridad».

La reflexión llegó al hilo de la situación de Najwa, la adolescente a la que no se permite asistir a clase, en un instituto del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, con la cabeza cubierta. El caso ha generado una gran controversia para la que los partidos no tienen respuesta. El debate del velo está demasiado verde en España; de ahí que aún existan importantes discrepancias internas en cada formación.

Aún así, la vicepresidenta primera, de quien depende en última instancia la futura ley, dejó claros sus planteamientos 'a priori'.

A su juicio, se trata de una cuestión que afecta a derechos protegidos constitucionalmente como el derecho a la libertad religiosa, a la identidad cultural y a la propia imagen además del derecho a la educación. Derechos, todos ellos, recordó, que deben ser garantizados.

La duda está en si el pañuelo islámico es o no también un símbolo del sometimiento de la mujer. Existe una amplia discusión al respecto, incluso entre quienes profesan la fe de Mahoma. Por eso el Ejecutivo prefiere no adoptar una posición tajante ni actuar al calor de un caso «particular» que, según Fernández de la Vega, debería resolverse «entre todos» y «con sentido común». Sobre todo porque, a su juicio, el uso de símbolos religiosos «no constituye ningún problema social en nuestro país».

En otros países europeos, donde la inmigración de origen musulmán es mucho mayor que en España, se ha intentado establecer límites legales al uso del pañuelo. Pero el Gobierno entiende que no son buenos espejos donde mirarse. Según fuentes gubernamentales, la legislación francesa ha provocado ya que más de 4.000 niñas estén sin escolarizar. «Un fracaso», subrayan.

Símbolos religiosos

La controversia también llegó a la Conferencia Episcopal y aunque los obispos quisieron pasar de puntillas, su secretario general, Juan Antonio Martínez Camino, confesó que no hay una «solución fácil» porque hay que estudiar todos los datos variantes posibles. «Las soluciones técnicas de los reglamentos de los consejos escolares tienen que tener en cuenta los derechos fundamentales de todos», indicó.

Entre estos apartados que hay que valorar, el portavoz episcopal recordó que la Constitución ampara la demostración pública de cualquier símbolo religioso. «El artículo 16.1 establece el principio general de que las personas y las instituciones tienen derecho a manifestar su credo con el único límite del orden público», precisó. Martínez Camino explicó que, por este motivo, no se puede acotar la presencia de símbolos al ámbito privado porque se iría «en contra» de la Carta Magna. «No se pueden prohibir», insistió. En cuanto al caso de Najwa, insistió en que hay que escuchar todas las opiniones para tomar la mejor decisión.