La automoción pide una solución al «imprevisto» del Plan 2000E

Las distintas patronales del sector del automóvil reclamaron ayer al Gobierno una solución para la desagradable sorpresa que se han llevado los miles de beneficiarios de las ayudas públicas del Plan 2000E. Y es que los 1.000 euros de las Administraciones (500 del Estado y otros tantos de las autonomías) tributan -como cualquier otra subvención- en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La automoción ha aprovechado para pedir una vez más la prórroga del programa para evitar un pésimo segundo semestre, cuando se acaben los 100 millones de ayudas presupuestados para 2010 y entre en vigor la subida del IVA.

La ley lo dice claramente, este tipo de ayudas públicas, como las de la renta básica de emancipación, se han de incluir en la base imponible del IRPF y tributan como ingresos patrimoniales, a los que se aplicará un tipo que va desde el 24% al 43%. Los Técnicos de Hacienda (Gestha) calculan que los 250.000 beneficiarios del Plan 2000E pagarán al fisco una media de 240 euros, lo que supone un ingreso total cercano a los 50 millones.

La cuestión es que el Ministerio de Industria y el sector automovilístico se han 'olvidado' de recordar esa obligación de tributar a la hora de publicitar las subvenciones. La alarma sólo ha saltado al acercarse la campaña de la Renta. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca que se ha ofrecido una información «parcial» debido a la «improvisación» del Gobierno.

Las patronales de fabricantes (Anfac) e importadores (Aniacam) subrayaron que los 1.000 euros que descuenta el fabricante no tributan, al ser considerados como una promoción. Y respecto a los 1.000 euros que sí pagan IRPF, las organizaciones se mostraron confiadas en que «se solucione el problema planteado, para que una medida que ha tenido efectos positivos sobre la producción, el mercado, los ingresos fiscales y el empleo no se vea empañada por este imprevisto».

Contradicción

Anfac y Aniacam, que como el resto del negocio reclaman desde hace meses la prórroga del plan, sostienen un mensaje un tanto contradictorio. Reclaman soluciones a la tributación 'sorpresa' y, al mismo tiempo, defienden el retorno del dinero a las arcas públicas como argumento para subrayar la necesidad de nuevas ayudas.

En la misma línea, la patronal de los concesionarios, Faconauto, pidió a la Agencia Tributaria que se replantee el tratamiento fiscal de las ayudas. La organización reclama que se solucione «el problema» puesto que, a su juicio, no tiene sentido penalizar una medida que ha ayudado al sector y a las administraciones, a las que ha aportado ingresos extra. La compra de los coches, no hay que olvidarlo, engordan las arcas públicas también a través del IVA, el Impuesto de Matriculación y el de carburantes.

Desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), su presidente, Juan Antonio Sánchez, insistió en la misma idea aunque destacó que la obligación de tributar por las ayudas «está en la ley». «Otra cosa es que los concesionarios o los clientes lo supieran», añadió. Sánchez calcula que el programa de ayudas ha generado una recaudación adicional de más de cien millones de euros.