Botín deberá aclarar al Supremo si Garzón pidió dinero al Santander para sus cursos

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, acudirá al Tribunal Supremo el 12 de mayo para declarar como testigo en la causa que se sigue contra el juez Baltasar Garzón por unos cursos académicos en Nueva York, en la que está acusado de prevaricación y cohecho. El magistrado que instruye el proceso, Manuel Marchena, citó ayer a Botín y a dos delegados del Santander en Estados Unidos, Gonzalo de las Heras y Rodolfo Icaza, para que aclaren si Garzón intervino en la obtención del patrocino de las conferencias, celebradas entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que subvencionó la entidad bancaria con 302.000 dólares.

La presencia de Botín como testigo abre una nueva fase en la investigación. El magistrado Manuel Marchena quiere poner negro sobre blanco la prueba clave aportada por los querellantes y que hizo que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidiera abrir una causa contra el juez tras rechazarla con anterioridad. Se trata de dos cartas que Garzón envío a Emilio Botín en las que agradecía personalmente al banquero el patrocinio. La primera misiva data del 10 de junio de 2005 y la segunda del 20 de enero de 2006.

En ellas, Garzón se dirige al financiero y se despide en tono cariñoso -«Querido Emilio... un fuerte abrazo»- y lo hace como magistrado-juez/titular de la cátedra Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, el centro encargado de organizar los cursos denominados 'Diálogos Transatlánticos'. En la primera carta, Garzón agradece a Botín la financiación recibida por el primer curso de conferencias, al que el Santander aportó 169.000 dólares; en la otra misiva el juez remitió al presidente del Santander «la propuesta y el presupuesto» para el segundo curso de conferencias, que el banco subvencionó con otros 133.000 euros.

Según los querellantes, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, estas cartas demuestran que Garzón gestionó y obtuvo fondos del Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija en Nueva York, ciudad donde permaneció casi dos años en excedencia tras obtener una licencia de estudios.

Por estos hechos acusan al juez del delito de cohecho. Asimismo, destacan que el magistrado no se abstuvo meses después en una querella formulada por un ex consejero de Banesto contra Botín por apropiación indebida, que Garzón archivó porque el presunto delito había prescrito. Por este hecho le acusan de prevaricar.

El Supremo citó el 6 de mayo a los dos delegados del Santander en Estados Unidos que gestionaron con el juez la organización de los cursos. Con Gonzalo de las Heras y Rodolfo Icaza, Garzón tuvo una reunión en Nueva York en la que el juez comentó las expectativas de las conferencias y su trascendencia. Los dos ejecutivos remitieron un día después la propuesta a Botín y tres semanas más tarde el banco respondió de forma afirmativa a la primera de las dos subvenciones que aportó.

Amistad

Uno de los querellantes, el abogado Mazón, consideró que la declaración testifical de Botín «puede aclarar muchas cosas porque es el perceptor de las cartas» y la «estrecha amistad es evidente».

Términos que el propio Garzón negó en su declaración judicial del pasado 15 de abril, en la que juez admitió que pudo haber coincidido con el banquero dos o tres veces, pero que no tenía ninguna relación especial «ni directa ni indirecta con el Santander».

Sobre el patrocinio de los dos cursos, Garzón indicó que no se dirigió al banco para pedir fondos y que esa gestión la realizaron «las autoridades académicas de la Universidad de Nueva York».

Aseguró que no hizo ninguna gestión previa con los patrocinadores, de los que no recibió «ni un solo dólar, ni un solo centavo», y dijo que sus honorarios como profesor los pagó el centro académico. Por último, señaló que el tono amistoso con Botín era su forma de expresarse y que otorgó el mismo trato a otras personalidades a las que invitó a los cursos, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero, Rodrigo Rato o Esperanza Aguirre.

El magistrado instructor del Supremo, entretanto, tomó declaración ayer a un testigo propuesto por la acusación, María del Mar Bernabé, la funcionaria judicial que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Nueva York. La funcionaria negó llevar la agenda del juez y dijo que no tenía nada que ver con el patrocinio de los cursos, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Los otros dos testigos llamados a declarar, responsables del centro Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York, no acudieron a la cita en el alto tribunal. El juez cursó una comisión rogatoria a Estados Unidos para interrogarles por videoconferencia.