Economía defiende que el nuevo régimen beneficia a los loteros

Loterías y Apuestas del Estado (LAE), dependiente del Ministerio de Economía, niega de forma rotunda que el cambio de régimen de las administraciones de lotería conlleve la instalación automática de «miles de maquinas» y la desaparición de buen número de administraciones, como denuncian Anapal, Fenapal y Apla, las tres organizaciones de vendedores que han convocado una huelga en el sector para el próximo miércoles. El paro, un cierre patronal en realidad, pues los convocantes son dueños de los establecimientos, será el primero en los 250 años de historia del negocio.

El director comercial de LAE, Juan Gallardo, explica que el cambio de régimen (de concesión a contrato mercantil), lejos de suponer un problema traerá «numerosas ventajas» a los loteros, quienes han denunciado la «privatización por la puerta de atrás» del negocio. Gallardo explica que las administraciones valdrán mucho más, pues se podrán vender a un tercero, cuando hasta ahora sólo se podían transmitir a un familiar directo de primer grado. «Se les crea un fondo de comercio enorme que hoy no tienen», añade Gallardo.

El directivo resta importancia a la convocatoria de huelga: «son menos de 1.000, y hay muchas más administraciones que están a favor del cambio». Y recuerda que las nuevas condiciones, en las que imperará el derecho privado, devienen de la necesidad de adaptar la legislación española a la comunitaria, que relega las concesiones a aquellas cuestiones catalogadas como servicio público. «La Lotería no es un servicio público», sentencia. Todas las administraciones tienen la opción de mantenerse como están hasta el final de su concesión o pasarse al nuevo régimen.

Las organizaciones convocantes se quejan también de una eventual falta de información, así como del hecho de que la alteración del régimen se haya hecho mediante dos disposiciones adicionales a la Ley de Presupuestos de 2010, que se encuentra recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional. Gallardo aclara que «se lleva hablando con el sector desde finales de 2006», y que los 'disidentes' no han aportado sugerencia alguna en el proceso de transformación. «También dijeron en su día que no querían la Primitiva, y ahora o quiero ni pensar si se les dijera que se les quita.», apunta.

Gallardo desmonta también algunos de los argumentos de los huelguistas, como el de que se va a eliminar el décimo tradicional. «El décimo es nuestra columna vertebral, no va a desaparecer; tenemos una red profesional y eficiente, no entiendo ese mensaje», señala. El responsable de LAE aclara que hoy existen 10.600 puntos de venta, de los que 4.000 son administraciones de lotería y el resto componen la denominada red mixta (aquellos lugares como algunos bares en los que se venden bonolotos, y otras apuestas legales).

El nuevo marco comporta la instalación en los 10.600 comercios de máquinas en las que los jugadores podrán adquirir décimos del número concreto que ellos quieran, que se les venderá en forma de recibo. Algo que ha puesto muy nerviosas a las asociaciones críticas con el cambio y que Gallardo justifica en que «no puede ser que el que no es administración pague sus impuestos pero no pueda vender lotería».

Anapal, Fenapal y Apla denuncian intereses oscuros de grandes cadenas comerciales. Gallardo afirma que LAE sólo tiene intención de sacar a concurso unos 650 contratos para cubrir las 500 vacantes producidas en los últimos cinco años y atender la demanda en los centros comerciales recientemente creados. «Ahora una misma empresa con los mismos socios no podrá tener dos contratos», concluye.