El juez archiva las actuaciones contra los tres alcaldes en el caso Jerecom

Los tres alcaldes que ha conocido Jerez no tendrán, de momento, que compartir banquillo. Acusados de un presunto delito de prevaricación en el marco del caso Jerecom, el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad acaba de acordar el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa en lo referente a Pedro Pacheco, María José García-Pelayo, Pilar Sánchez y el actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol.

En el auto de 26 de marzo, al que este periódico ha tenido acceso, el juez argumenta que tras las investigaciones realizadas durante la instrucción del procedimiento no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la formación del mismo. Una decisión en consonancia con la petición de la Fiscalía, que también solicitó el archivo de la causa apuntando a la insuficiencia de indicios delictivos en lo que respecta a la implicación de las cuatro personas citadas anteriormente.

En concreto, en su escrito el fiscal aseguraba que el hecho de que entre 2004 y 2007 de las 300 adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento, 44 se otorgaran a Jerecom, no constituye indicio alguno de conducta irregular. Asimismo, si bien el Ministerio reconocía que la adjudicación se podía haber producido sin certificación de existencia de crédito, aprobación del gasto y fraccionamiento del objeto de la contratación, tampoco ha considerado que ello llegase a ser determinante por sí mismo.

Como se recordará, los acreedores afectados por la quiebra de Jerecom interpusieron en febrero de 2009 una denuncia contra los tres alcaldes, el delegado de Urbanismo y los administradores de las 17 empresas de la familia Grimaldi, propietaria de Jerecom, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, entre otros. Los denunciantes esgrimían que estas compañías satélites se beneficiaron de operaciones presuntamente irregulares desde 2002 y siempre con la connivencia municipal.

Apelación de los querellantes

A pesar de que el juez ha concluido que no hay pruebas que impliquen en una trama delictiva a Pacheco, García-Pelayo, Sánchez y Crisol, la defensa de los afectados, ejercida por Francisco Pérez Vera, no ha tardado en recurrir el auto. En su escrito, el letrado afirma que la decisión judicial es «contraria a derecho y perjudicial» para los intereses de los demandantes, insistiendo en la naturaleza delictiva de los hechos.

A juicio de Pérez Vera, el magistrado «se ha precipitado» al poner fin a la fase instructora, ya que existen indicios suficientes para proceder a la práctica de más pruebas con las que se pueda concluir con contundencia si lo sucedido tiene o no relevancia penal. Entre sus argumentos, señala las 100 obras (que no 44, como sostiene la Fiscalía) que se adjudicaron a Jerecom y sus satélites, lo que sumado a otros indicadores podría sugerir la comisión de algún delito.

Asimismo, en el recurso el abogado recuerda que una contratación sin certificación de existencia de crédito y aprobación del gasto, como asegura que ha ocurrido en estos casos, constituye «una irregularidad palmaria», lo que unido al fraccionamiento del objeto del contrato tiende «claramente a eludir la aplicación de las normas correspondientes».

Por todo ello, y alegando que el auto judicial deja a sus representados en una «situación de indefensión» absoluta, el letrado ha presentado ante la Audiencia Provincial de Cádiz un recurso de apelación para que lo anule y deje sin efecto. Una vez que ello ocurra, confía en que el procedimiento siga su curso por los trámites habituales y se tome declaración a los querellados.