Condena de 500.000 euros para una empresa por un accidente laboral

La vida de Juan Antonio Borrego dio un giro de 180 grados el 22 de enero de 2007. Este obrero de la construcción, que por aquel entonces contaba con 37 años de edad, acudió a su puesto de trabajo como cualquier otro día y poco le hacía sospechar que ésa sería la última vez. El citado día a las 13.00 horas, cuando se encontraba faenando en la obra de edificación de una vivienda familiar en la calle San Marcos, cayó sobre él un montacargas desde una tercera planta impactando directamente contra su espalda.

Como consecuencia del accidente, Juan Antonio sufrió una lesión medular irreversible que le dejó postrado en una silla de ruedas. El suceso le llevó a verse inmerso en una batalla judicial con la empresa Dual 2004 S. L. que ha ganado por partida doble, ya que los dos juicios a los que ha tenido que hacer frente han acabado con una condena para la constructora. La primera de las sentencias, fechada a 11 de febrero de 2010, hace referencia al recargo de prestaciones y deja en evidencia la falta de medidas de seguridad de la obra, como explicó a este medio el abogado del trabajador, Antonio Ortega.

Concretamente, en el fallo judicial consta como hechos probados que el citado montacargas había sido instalado por los propios trabajadores sin la formación necesaria y que éstos habían advertido a la empresa de las deficiencias de la máquina, que producía descargas eléctricas y se encontraba deteriorada. Una vez que ocurrió el accidente, la constructora se apresuró a cambiar el artilugio por otro, por lo que, como asegura Ortega, cuando la Inspección de Trabajo acudió a investigar el siniestro se encontró con un «montaje» ideado por la empresa para enmascarar lo ocurrido.

Aún así, el juez no sólo ha dado por buena la versión del trabajador, sino que en la sentencia también alude a la falta de elementos de protección necesarios en la escalera y el hueco de ésta, algo que sólo se resarció una vez que sucedió la desgracia. Por ello, el magistrado condena a la compañía a abonar el 50% de la pensión de incapacidad permanente que le ha quedado al trabajador, debiendo ingresar la cantidad estipulada a la Seguridad Social.

El segundo de los juicios llevados a cabo se saldó con una sentencia «modélica», según el letrado del demandante, que fue dictada el pasado 26 de marzo. En ella, se impone a Dual 2004 la obligación de indemnizar al perjudicado con casi 500.000 euros por daños y prejuicios, como responsable civil del accidente. Ortega, a pesar de estar satisfecho con las sentencias, mostró su preocupación por el hecho de que no vayan a materializarse nunca.

«Al tratarse de una sociedad limitada –explicó el abogado–, será muy difícil que paguen la indemnización. Tienen 3.600 euros de capital social y seguramente se declararán insolventes para no afrontar el pago». De ser así, Ortega no lo duda ni un instante: si la empresa no cumple, en nombre de su representado iniciará acciones penales contra el administrador y contra el responsable de riesgos laborales de la obra, a la sazón propietario de la vivienda que se estaba rehabilitando.

La empresa, por su parte, tiene la posibilidad de recurrir ambas sentencias ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el tiempo que haya fijado el juez en cada uno de los fallos.