Menos enchufismo, más mecanismos de control del personal, simplificar sus estructuras y más profesional

El objetivo de hacer que las empresas públicas funcionen mejor y dejar de aparecer como un complejo galimatías es común a todas las fuerzas políticas, hasta el punto que ha proporcionado en el Parlamento uno de los pocos acuerdos entre el PSOE y el PP para insta a la Junta a su reestructuración. «Que se ahorre lo que se pueda», dijo Rafael Velasco (PSOE).

Ahora bien, en el camino a seguir cada grupo político plantea sus propias sugerencias. El Gobierno todavía no ha detallado por dónde quiere meter la tijera al sector público. Mar Moreno explica a este periódico que no puede haber lecturas comunes para todo el sector público, pero sí existe el objetivo de «unificar criterios» para su funcionamiento.

Martínez Aguayo ha explicado sucintamente por dónde se fijará la su propuesta de reordenación del sector público empresarial, con medidas concretas de racionalización y simplificación de su estructura, así como actuaciones para mejorar los mecanismos de coordinación y control del personal y los aspectos económicos-financieros.

Para Izquierda Unida, la mejora del sector público no debe implicar bajo ningún concepto la reducción del gasto. «Hay que ahorrar, ser austeros, pero no eliminar un sector que, bien dimensionado y justificado, es imprescindible», explica Pedro Vaquero, diputado de esta formación. Vaquero advierte de que IU se niega a que se contemple el déficit cero en las empresas públicas y sugiere un estatuto del sector público que determine qué competencias se puede derivar y cuáles no. Defienden que las empresas formen parte del Presupuesto de la Junta, como las consejerías y señala que hay que corregir algunos comportamientos, como el «enchufismo» o la acumulación de cargos.

El PP plantea, según Sanz, un sector que no compita de manera desleal con la iniciativa privada, «más reducido, eficaz, profesional y menos politizado».