Las empresas públicas, a examen

La polémica por la sugerencia del presidente de la patronal, Santiago Herrero, de que la Junta empiece por meter la tijera al sector público en el dinero que se gasta en flamenco y en políticas de igualdad ha puesto de relieve la controversia que se avecina. Ante el obligado reajuste del gasto social impuesto por Bruselas en pos de la estabilidad presupuestaria, y ante el peligro de vernos como Grecia a merced de la caridad internacional, el Gobierno andaluz tiene de plazo hasta el verano para decidir por dónde va a meter esa tijera para contener el déficit y la deuda. Griñán, que disculpó las «buenas intenciones» de Herrero, ha advertido de que por ahí, por el flamenco y la igualdad, no van los tiros.

Esa no es la diana, dijo, pero tampoco aclaró cuál. Hasta ahora, lo único que el presidente ha dejado claro es que quiere poner orden y racionalizar el gasto de la Administración para cumplir con el 3% de déficit máximo establecido por la UE para 2013 y ha señalado directamente a los entes públicos como objetivo de ese reajuste. A tal efecto, ha puesto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, al mando de una comisión delegada para la estabilidad fiscal y financiera y para la organización administrativa. Esta comisión ha empezado por examinar el entramado de entidades públicas dependientes de la Junta de Andalucía, 316, según consta en una relación en la web de la Consejería de Hacienda.

La comisión se encontrará con una compleja red de sociedades mercantiles, fundaciones, agencias, consorcios, institutos, universidades y organismos autónomos. De las 316, las que constituyen básicamente el tejido empresarial de la Junta son las que, regidas como agencias empresariales, entidades públicas de derecho y sociedades mercantiles, sumaban al cierre del ejercicio de 2008 un total de 172. El 34,5% de ellas con participación mayoritaria de la Junta y el resto, minoritaria, según consta en el informe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de la cuenta general y contrataciones del ejercicio 2008, hecho público el pasado marzo. Muchas de ellas participan en otras, como Canal Sur en Sandetel, por ejemplo. Sobre ellas, y sobre las fundaciones dependientes directamente de las consejerías (21), se ha enfocado el objetivo de una reestructuración para cumplir con la estabilidad presupuestaria.

La razón que justificó la creación de muchos de estos entes fue la de agilizar los servicios o la ejecución de obras públicas en años en los que urgía celeridad por la mucha carencia de ellas, como ocurrió con la Empresa Pública de Suelo (EPSA), creada en 1985 para construir viviendas públicas, o Egmasa (1989), con el fin de satisfacer emergencias ambientales.

Ejemplos

Las diferentes fórmulas jurídicas no responde muchas veces a criterios generales, ya que hay hospitales públicos que funcionan como fundaciones (como el Reina Sofía de Córdoba) y otros como sociedades mercantiles o empresas públicas (como el Hospital de la Costa del Sol, el del Bajo Guadalquivir o la mayoría de los hospitales de alta resolución, Chare). O remitiéndonos a los ejemplos de Herrero, el fomento del cante hondo lo realiza la Agencia Andaluza del Flamenco, dependiente de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que justo ahora, con la última remodelación del Gobierno, cambiará de nombre por el de Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. En cuanto a las políticas de Igualdad, en su mayoría son gestionadas por la fundación Andalucía de Servicios Sociales (Consejería de Igualdad y Bienestar Social).

Con tesorería propia y autonomía de gestión, las llamadas empresas públicas de la Junta se han visto muchas veces bajo la mirada crítica de la oposición, especialmente del PP, que ve en su proliferación un intento del Gobierno socialista de «escapar al control parlamentario» y acusa al mismo de practicar «enchufismo» en las contrataciones de personal.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, censura como el volumen de empresas ha ido creciendo de forma desmesurada en los últimos tiempos para constituir «una administración paralela» de la Junta. «Ha creado una estructura paralela que devora recursos para hacer lo mismo», añade Salvador Fuentes, diputado del PP. El ejemplo al que siempre recurre el PP sobre el «descontrol» de la Junta sobre las empresas se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo obligando a dar marcha atrás a la Junta sobre las competencias atribuidas a Egmasa, ya que entraban en conflicto con la de los funcionarios.

Pérdidas

Según la Cámara de Cuentas, de 117 empresas en 2006 se ha pasado a 272 en 2008. En cuanto a empleados, a finales de ese último año había 21.310 empleados, lo que significa un incremento de 1.630 respecto al ejercicio anterior , fundamentalmente por las contrataciones en los Chare y en Santana Militar. Sumados a estos los de las fundaciones, 4.670, el sector empresarial público tiene en nómina a 25.980 empleados. La Junta cuenta con 254.094 funcionarios.

Lo que el PP ve más preocupante es el gasto y las pérdidas. Este partido ve excesivo el coste de 5.000 millones (3.835 de las empresas y 476 de las fundaciones) del entramado público, en el que incluye mil millones de deuda.

Según la Cámara de Cuentas, las pérdidas fueron inferiores que en 2007, pero siguen siendo millonarias: 136 millones de euros. Las entidades empresariales que mantienen los niveles más alto de endeudamiento son: EPSA (87 millones), IDEA (51 millones), GIASA (55 millones), EGMASA (36 millones) y Cetursa Sierra Nevada (25 millones). En sus informes de fiscalización, la Cámara de Cuentas ha objetado numerosas veces sobre el funcionamiento de las empresas y su escaso control. En el último, dvierte de su dependencia de las entidades públicas de las subvenciones de la Administración para su explotación y cómo el retraso de estas interfieren en los resultados. Como ejemplo cita a IDEA, que es la que contaba a finales de 2008 con mayor saldo pendiente de cobro, 212,03 millones de euros. También señala irregularidades e imprecisiones en las contrataciones en general de la Administración, con fechas distintas a las de la adjudicación o sin ella.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, rechaza la imagen negativa que el PP quiere darle al sector empresarial de la Junta y defiende que las entidades se dedican en el 95% de los casos a gestionar servicios para el ciudadano, y menciona el caso de hospitales o la extinción de incendios. También defiende, como lo hizo la consejera de Hacienda y Administración, Carmen Martínez Aguayo, en el Parlamento, su funcionamiento. Para Aguayo el sector público tiene un «bajo nivel de endeudamiento y los niveles razonables de gasto y empleo».

Moreno añade que el andaluz es de «los más saneados y con menor endeudamiento» respecto a otras comunidades. También defiende el «triple control» presupestario al que están sujetas las empresas, por la Junta, el BOJA y la Cámara de Cuentas. Respecto a las sucesivas objeciones de esta, señala que se han ido cumpliendo a medida que se han sugerido. Una de las últimas quejas se referían al hecho de los contratos blindados de sus máximos responsables, algunos con sueldos superiores al del presidente de la Junta (81.155 euros anuales), y que la Junta ha corregido.

Dicho esto, el Gobierno andaluz ha asumido que sus entidades instrumentales necesitan una reestructuración. «Naturalmente se quiere mejorar el modelo, para que sea más eficiente», explica Mar Moreno.