Parálisis del Constitucional

El rechazo del Tribunal Constitucional al quinto proyecto de fallo sobre los recursos de la legalidad del 'Estatut' esfuma la expectativa de lograr el desbloqueo de las deliberaciones y pone de relieve la parálisis de la alta institución. La imposibilidad de encontrar una fórmula que encaje el estatus político y jurídico de Cataluña con España, reconocer su condición de nación en el marco de la unidad de la soberanía española o admitir la simbología catalana sin desbordar el actual modelo autonómico han abocado nuevamente al Tribunal Constitucional (TC) a reanudar los debates sobre un nuevo borrador. Pero a esta parálisis no es ajena la intensidad de las presiones que ha debido soportar desde todos los ángulos de la realidad política y su propia fragilidad derivada de la situación de prórroga de varios de sus magistrados, la recusación de otros y la resistencia de su presidenta a hacer uso de su voto de calidad para deshacer un eventual empate. Las diferencias insalvables entre los sectores en que está alineado el pleno del Constitucional se derivan de las dificultades para lograr una interpretación o equilibrio normativo entre las aspiraciones de bilateralidad y nación que se desprenden del texto estatutario y el espíritu unitario y no federalizante que impregna la Constitución de 1978. Con este quinto intento fallido, el TC tumba una propuesta que avalaba la legalidad de la mayor parte del texto aprobado por el Parlamento español y por los ciudadanos catalanes, aunque los nacionalistas quisieran que no se tocase «ni una coma» y el PP que se ilegalizara la mitad de los artículos. El sexto borrador ha sido encargado a un nuevo ponente, Guillermo Jiménez, el más moderado de la adscripción conservadora, pero es prácticamente imposible que la resolución sea acordada antes de las elecciones catalanas. El retraso de la sentencia y la falta de consenso entre las dos grandes fuerzas políticas pasa ahora una gravosa factura en términos de tensión política además de someter al alto tribunal a un enorme desgaste. Sólo la creación de un clima de distensión y el abandono del Constitucional como terreno de lucha partidista podrían facilitar la búsqueda por los magistrados constitucionales de una fórmula que, sin dar satisfacción a todas las partes, permita cerrar el 'Estatut' con el menor coste social y político posible.