Cinco mil gallegos

La verdad es que no sé qué pensar. Tras leer la querella interpuesta en Argentina por varias asociaciones no gubernamentales y dos personas físicas domiciliadas en Buenos Aires -97 folios- me he quedado con una extraña sensación. Uno, que se siente jurista, ha leído con interés y suspicacia el texto de la querella criminal. Formalmente está bien presentada, da impresión de pulcritud y llama en ella la atención la poca documentación que dice acompañar -16 pruebas- para convenir «los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal (. )que tuvieron lugar en España en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977».

El texto tiene marcados tintes ideológicos como ejemplifican las categorizaciones entre paréntesis. Se lee varias veces «el ejército (sublevado) o la autoridad civil (rebelde)». Asimismo, algo raro en escritos judiciales, contiene multitud de referencias o obras históricas, literarias o de opinión, así como a fragmentos de resoluciones judiciales españolas encabezadas por un Auto «del Juez Baltasar Garzón».

Uno se pone en el pellejo de las víctimas siempre. De las de ambos bandos, por supuesto. Y no sé qué pensar. Por un lado siento en mi interior el deseo impersonal de que los culpables paguen por sus crímenes siempre aunque, por el otro, creo en los principios generales de nuestro derecho, en el principio de legalidad, en la jurisdicción y la competencia judicial. Creo que todo esto ha sido obra del propio Garzón, hoy en boca del Tribunal Supremo. A muchos pareció extraño pero loable que Garzón iniciara un procedimiento por los crímenes cometidos por el general Pinochet. No sabíamos qué pintábamos enjuiciando actos delictivos en el extranjero. ¿Para eso no estaba el Tribunal Penal Internacional? El plan preconcebido por el juez imputado era a largo plazo, al parecer. Es la teoría del «café para todos». Si se admite que yo -juez español- investigue en Chile asesinatos de ciudadanos españoles, igualmente ha de admitirse años después que él -juez argentino- haga lo propio en España.

La pena que me da todo esto es que no busca la justicia material sino el ensañamiento político. Todo coincide, y en poco tiempo. Por un lado, un político socialista andaluz acusó a sus adversarios del PP de haber estado en el gobierno en tiempos de la dictadura franquista y ahora no aceptar su posición en la oposición, lo que provocó el abandono de la sala por aquéllos. Por otro la ya comentada imputación del juez. Ahora esta querella argentina. E igualmente Nova Esquerda Socialista y la Comisión viguesa pola Memoria do 36 han anunciado en la prensa que se personarán en la querella argentina y pedirán la detención de Manuel Fraga. Ya lo digo, no sé qué pensar. Me da asco este circo, pero me apenan las víctimas.