ETA quería matar a Rubalcaba en un restaurante de Madrid

Los diez abogados y militantes 'abertzales' detenidos por la Guardia Civil el miércoles por colaborar con ETA pasaron información a la banda para atentar contra el ministro del Interior, según informó ayer el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. El máximo responsable de la lucha antiterrorista insistió en que los datos sobre su persona fueron facilitados a ETA «para que los utilizara con las peores intenciones», pero no dijo más.

Mandos de la lucha antiterrorista revelaron, no obstante, que las informaciones sobre el ministro se referían a que solía frecuentar «hace bastante tiempo», poco después de tomar posesión en 2006, un conocido restaurante del centro de Madrid, no muy alejado del Congreso. Los datos aparecieron en un documento incautado en Francia al ex jefe de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry' , proporcionados por el abogado detenido Ion Enparantza, uno de los integrantes del 'aparato Halboka', al que pertenecían o dirigían los arrestados en Vizcaya y Guipúzcoa. Los pormenores de los seguimientos al ministro fueron remitidos por las autoridades galas en respuesta a una comisión rogatoria del juez Fernando Grande-Marlaska, que hace casi dos años investiga la red de abogados.

El titular de Interior aseguró que la labor de estos abogados «excedía con mucho el marco legal» de la asistencia jurídica a sus patrocinados ya que, en realidad, eran los «comisarios políticos de la banda en las cárceles». «Sencillamente eran enviados de ETA», apostilló.

Definió a los tres arrestados, Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi, como «directivos» del aparato carcelario de ETA y «abogados a tiempo parcial» porque la mayoría de sus esfuerzos estaban muy alejados de la defensa de sus clientes. Según el ministro, los letrados -«utilizando su posición»- junto a los otros siete arrestados se dedicaban a todo tipo de trabajos para la organización terrorista, pues además de recopilar información sobre posibles objetivos, eran «correa de transmisión de instrucciones de ETA, y no sólo en las cárceles», «gestionaban» la huida de terroristas acosados por las fuerzas de seguridad, «intermediaban en el pago de extorsiones» (impuesto revolucionario), «captaban militantes», «marcaban las citas» de los nuevos militantes con sus futuros jefes «conectando así las estructuras de ETA» y «dinamizaban» al mismo tiempo el aparato que ETA tienen en el mundo de los presos y sus familias.

«Hiperseguros»

«Se trata de actividades ilegales que hacían en nombre de ETA, por indicación de ETA, en conexión con ETA y en coordinación con ETA», explicó el ministro, quien se mostró seguro de que «todas esas acusaciones» podrán ser probadas ante los tribunales. Señaló que antes de la operación y los 17 registros practicados en domicilios y despachos, tenían «suficiente material para apuntalar las acusaciones» de pertenencia o colaboración con banda armada, pero que después de los allanamientos «estamos superseguros, hiperseguros» de poder mantener las imputaciones porque hay «muchas pruebas adicionales» y «hemos encontrado mucha información» nueva.

Rubalcaba subrayó la coacción que los abogados ahora detenidos ejercían sobre el colectivo de presos para forzar la «cohesión interna» y mantener a los reclusos dentro de la «ortodoxia» y la «disciplina férrea» de la organización. Por ello, también se mostró convencido de que más de un preso se habrá sentido «aliviado» al saber que ya no tendrá que entrevistarse con sus «abogados carceleros». Es probable, detalló, que esos reclusos «prefieran tener a su abogado en la celda de al lado mejor que en la otra parte de la mesa en el locutorio».