El juez vuelve al Supremo por los cobros en Nueva York

Baltasar Garzón volverá hoy al Tribunal Supremo para declarar esta vez como imputado en la segunda de las tres causas que tiene abiertas en el máximo órgano judicial. El juez está citado por el magistrado Manuel Marchena, encargado de instruir el proceso por la financiación de unos cursos académicos en la Universidad de Nueva York. Los querellantes acusan al magistrado de los delitos de prevaricación y cohecho.

Hace siete meses Garzón ya acudió al Supremo para declarar por la querella que está a punto de sentarle en el banquillo de los acusados: la investigación de detenciones ilegales y desapariciones durante el franquismo. En esta ocasión, Garzón deberá defenderse de las acusaciones de dos abogados que le acusan de haber mediado ante el Banco Santander para patrocinar unos cursos académicos que el juez dirigió en Nueva York entre 2005 y 2006. En concreto, los letrados relacionan la percepción de unos 302.000 dólares por parte de la entidad bancaria con la posterior decisión de Garzón de no admitir a trámite una querella contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en un proceso penal por las «cesiones de crédito».

El juez será defendido esta vez por el abogado Enrique Molina, quien durante muchos años fue fiscal adscrito a su juzgado en la Audiencia Nacional, y que, curiosidades del mundillo de los tribunales, también tiene como cliente a Carmen Rodríguez, esposa del cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa.

Concentración

A las puertas del Supremo se espera que acudan representantes de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica e integrantes de la Plataforma de Apoyo al Juez Garzón, creada a principios de marzo por un grupo de amigos y paisanos jienenses del magistrado, y que ya cuenta con más de 13.000 simpatizantes.

El instructor de la causa de los cobros ha citado además a declarar para el próximo 21 de abril a tres testigos solicitados por la acusación popular. Se trata de Laura Turégano, responsable del Centro Juan Carlos I de la Universidad, que organizó los cursos; del ex director de la Universidad de Nueva York James D. Fernández, y de María del Mar Bernabé, funcionaria de la administración de Justicia que acompañó a Garzón como asistente durante su permanencia en Estados Unidos, donde disfrutaba de un permiso de estudios.

La declaración del antiguo director universitario será fundamental en el proceso, habida cuenta de que en marzo envió un escrito al instructor Marchena en el que certificaba que Garzón ni solicitó ni recibió dinero del Santander para financiar los cursos.

Los querellantes, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, dudaron de la veracidad del documento y pidieron la declaración de Fernández.

La causa de los cobros podría no ser la última en la que Garzón comparezca como imputado. El Supremo tiene que resolver un recurso de súplica del juez contra la admisión a trámite de la querella por las intervención de las conversaciones entre imputados y abogados del 'caso Gürtel' en la cárcel.