El 'caso Garzón' envenena aún más las difíciles relaciones entre Gobierno y PP

La dialéctica Gobierno-oposición subió unos grados más a propósito de la situación de Baltasar Garzón. A la crispación existente por la crisis o por la corrupción en el 'caso Gürtel' se ha sumado ahora la confrontación por la decisión de sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional. Claro que ha sido de forma indirecta, ni el PSOE ni el PP entran en la discusión sobre el procesamiento, aunque los socialistas no la compartan y los populares la aplaudan. La manzana de la discordia es la presencia de un miembro del Gobierno, el secretario de estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en un acto de apoyo al magistrado.

Para Rajoy, un gesto impresentable por el que debe dimitir; para el Gobierno y los socialistas, un ejercicio de libertad de expresión.

José Luis Rodríguez Zapatero busca el equilibrio entre sus simpatías por la labor del magistrado y el apoyo y respaldo institucional que cualquier presidente del Gobierno debe al Tribunal Supremo. Otros miembros de su Ejecutivo y dirigentes del PSOE han roto esa neutralidad y han tomado postura junto a los que defienden al magistrado. Una de estas muestras de aliento, la presencia de Zarrías en el acto de apoyo a Garzón celebrado el miércoles en la Universidad Complutense de Madrid, desató las iras del PP.

Mariano Rajoy pidió ayer el cese inmediato del secretario de Estado de Política Territorial por refrendar con su asistencia a un «espectáculo antidemocrático» que, a su juicio, no debería repetirse jamás.

El PP, como el PSOE, tiene una historia de amor y odio con el juez. Arremetieron contra él con todo cuando se presentó a las elecciones generales de 1993 en la candidatura del PSOE por Madrid, pero se reconciliaron con el juez cuando abandonó el Gobierno y desempolvó la causa de los GAL, que acabó con un ministro y un secretario de Estado de Seguridad en la cárcel. Mantuvieron la sintonía durante los ocho años de Gobierno de José María Aznar, en los que Garzón dio acreditadas muestras de su colaboración en la lucha antiterrorista. Pero todo saltó por los aires en febrero de 2009 con el 'caso Gürtel' que salpicó a altas instancias del partido.

Los populares trataron de impedir que el magistrado instruyera la causa y reclamaron su recusación por «enemistad manifiesta» acreditada, en su opinión, por actuar sin «la necesidad y exigible imparcialidad». Unos razonamientos jurídicos que acompañaron de todo tipo de críticas, y alguna descalificación, políticas.

Rajoy intenta evitar que se mezclen estas desavenencias con la postura de su partido ante el procesamiento del magistrado. «Todas las personas, todas, desde la más importante en la sociedad hasta la más humilde, son iguales ante la ley, se llamen Garzón, Pérez o Fernández», aseguró ayer en Guadalajara el presidente del PP. Mas la presencia de Zarrías en el homenaje al juez proporcionó la munición que quería el líder de la oposición para colocar a Garzón en el centro de la confrontación con el Gobierno aunque fuera por persona interpuesta.

El secretario de Cooperación Territorial optó por el silencio y alejarse de la polémica, viajó a Bruselas para participar en un encuentro de regiones de la Unión Europea. Zarrías aseguró, sin embargo, que no acudió al acto de desagravio a Garzón en calidad de secretario de Estado sino como miembro de la dirección del PSOE, donde ostenta la Secretaría de Política Autonómica.

Cerrar filas

Otros compañeros de su partido, en cambio, sí respondieron a los populares. Antonio Hernando, secretario de Política Municipal del PSOE, recordó la presencia de dirigentes del partido opositor en manifestaciones y concentraciones donde ondeaban «banderas inconstitucionales».

Sin bajar a la arena de lo concreto, María Teresa Fernández de la Vega reclamó «calma y serenidad» en el «gran debate social» en que se ha convertido el enjuiciamiento de Garzón. Lo que sí tiene claro la vicepresidenta primera es que hay que respetar la libertad de expresión de Zarrías, «porque sólo faltaría que los ciudadanos no pudieran opinar», declaró ayer en una entrevista en Punto Radio.

Más explícito se mostró el ministro de Fomento. José Blanco aseveró que, como ciudadano, le «duele» y cuesta entender «que los falangistas puedan sentar a un juez en el banquillo por intentar recuperar la memoria de las víctimas de la dictadura». Hasta el titular de Industria, Miguel Sebastián, con escasas incursiones en el terreno político, avaló en cierta medida los ataques al Supremo lanzados en el acto de desagravio ya que compartió que en algunos poderes del Estado, en obvia alusión a la Justicia, hay «restos del franquismo».

El PP llevará al Congeso una batería de iniciativas sobre el apoyo del Gobierno al acto de homenaje a Baltasar Garzón porque «atentó» contra la independencia judicial.