UGT presiona a Salgado para que salve a Marsans con 50 millones

Mejor una vez rojo que cien colorado. Ante los enormes problemas financieros de Marsans, al límite de la quiebra si no recibe en pocas semanas varios millones de euros, UGT ha dado un paso al frente. El sindicato socialista, haciendo de tripas corazón pues no deja de ser la empresa de Gerardo Díaz Ferrán, ha pedido al Gobierno que «se moje» y eche una mano al patrón de patronos y a su socio, Gonzalo Pascual. Como argumento, los 4.000 trabajadores de la empresa de viajes y los 50.000 clientes que tienen depositado su dinero y la ilusión de sus vacaciones en las muchísimas de agencias de Marsans.

El secretario de la Federación de Transportes de UGT, Miguel Ángel Cilleros, explicó ayer que el desvío de fondos de Marsans a otras empresas de Díaz Ferrán (que en tres meses ha visto caer Air Comet y Seguros Mercurio) y la «enorme desconfianza en los gestores por parte de las entidades financieras y los turoperadores» han dejado temblando las cuentas del conglomerado turístico.

Al punto, aseveró, de que si no llegan fondos rápido, la empresa no podrá sobrevivir. Las nóminas de marzo han tardado más de dos semanas en pagarse por la falta de efectivo, y las de abril están más que en alero.

Hace unos días, varios bancos prestaron dinero a Marsans, pero al tiempo exigieron a Gonzalo Pascual y a Gerardo Díaz Ferrán que vendieran la empresa. UGT -como el Ministerio de Industria- apuesta por la enajenación, pero «siempre a alguien que tenga un plan de negocio serio», matiza Cilleros.

Con la banca reacia a soltar un solo euro más, la única tabla de salvación que encuentra el sindicato está en el Ministerio dirigido por Elena Salgado. En concreto, en la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), controlada por Economía, a la que Marsans ha pedido cerca de 50 millones en avales para salir del atolladero. «Está en sus manos» (en alusión a Salgado), reconoce el propio Gonzalo Pascual

«Si no lo entienden, será demasiado tarde», denuncia Cilleros, quien reclama a todas las partes implicadas «un voto de confianza; no en Pascual y Díaz Ferrán, sino en una empresa viable, rentable y que es toda una referencia en el sector». El apoyo del Gobierno parece imprescindible para tapar agujeros, pagar a trabajadores y proveedores y afrontar con algo de oxígeno la venta. Una operación que el propio Gonzalo Pascual -así lo aseguró Cilleros- estaría dispuesto a realizar «por un euro». Un euro, eso sí, más la elevada deuda de Marsans.

De momento no hay ofertas en firme. El grupo Orizonia, controlado por los fondos Carlyle y Vista Capital, sí se interesó en su día por Marsans. Pero es evidente que cualquier comprador esperaría a que su presa estuviera lo más débil posible para lanzar un último y definitivo ataque. Pascual y Díaz Ferrán afirman que hay «tres grupos más interesados», aunque no concretan de que tipo.

Escándalos

Miguel Ángel Cilleros ha tratado el asunto con Industria, Trabajo y Hacienda. Y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha hecho lo propio al más alto nivel dentro del Gobierno. Pero las conversaciones mantenidas hasta ahora no parecen haber surtido efecto.

Por eso, el sindicato ha trasladado al ministro Celestino Corbacho una cuenta muy simple: si Marsans quiebra el 31 de julio, el coste para las arcas públicas en prestaciones por desempleo y pagos del Fogasa superaría los 130 millones.

Eso sin contar con el enésimo escándalo protagonizado por el presidente de la patronal, en plena negociación del diálogo social y de la reforma laboral, al que se uniría la inevitable conflictividad laboral.

El eventual hundimiento de Marsans supondría dejar sin vacaciones a miles de familias que ya las han pagado, al menos en parte. El coste para el Ejecutivo se presenta alto. Y más, cuando aún está reciente el escándalo de Air Comet, que dejó tirados a miles de pasajeros.