El Supremo da la razón a Marchena en el pleito civil que tenía con Deira

Un procedimiento civil que ha tenido hasta dos fallos completamente distintos, dando la razón en cada momento a una de las partes y quitándosela a la otra. Así se podría resumir el pleito civil que ha mantenido enfrentados al magistrado Miguel Ángel López Marchena, actual titular del juzgado nº 3 de El Puerto, y al comisario provincial de Cádiz, José María Deira, otrora responsable del Cuerpo Nacional en la ciudad portuense. Una demanda por intromisión al honor ha sido el motivo de esta disputa judicial entre dos cabezas visibles en la provincia del poder judicial y de las Fuerzas de Seguridad. Dos estamentos obligados a entenderse, pero que en este caso no fue así. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia, revocando un fallo anterior de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que en enero de 2007 condenaba a López Marchena a que indemnizara a José María Deira. Ahora el Supremo la anula y considera que el magistrado no incurrió en delito alguno, sino que simplemente expuso sus quejas contra el comisario ante la Dirección General de Policía. Lo que para la Audiencia es una actitud delictiva, para el Supremo es «una crítica a la capacitación o valía profesional sin intención de menosprecio».

Esta última sentencia viene a confirmar la que dictó en primera instancia el juzgado nº1 de la capital, que fue el primero en pronunciarse en este asunto en 2004, desestimando la demanda que presentó José María Deira contra el magistrado a raíz de tres escritos que López Marchena remitió a la Dirección General de la Policía en ese mismo año. En dichas comunicaciones, el magistrado hacía saber que uno de sus testigos protegidos, esenciales para el desarrollo de operaciones contra el narcotráfico de gran repercusión como los casos Manzanilla o Semilla, le había informado de que un grupo de narcos estaban urdiendo una trama para atentar contra su vida y la de su familia. Según ese mismo testigo, de ese tenebroso plan estaba al tanto Deira. El juez alertaba también a la Dirección General que le habían retirado la escolta policial, poniéndolo en franco peligro. Esto se tradujo en una reclamación judicial de Deira de 6.000 euros en concepto de indemnización.