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El Tribunal Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la 'ley Cabanyal' y paraliza los derribos

La norma, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortas Valencianas, sustituyó y derogó un decreto-ley que también fue recurrido

EFE
MADRIDActualizado:

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de la Generalitat valenciana que autoriza todas las actuaciones del Plan del Barrio del Cabanyal de Valencia, por lo que se paralizan los derribos de las viviendas.

El Constitucional, cuyo pleno se reúne hoy y mañana, ha admitido el recurso interpuesto por el Ejecutivo contra la ley del Cabanyal por entender que ésta "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado". La ley, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes Valencianas, sustituyó y derogó un decreto-ley -prácticamente idéntico a la ley, salvo aspectos puntuales- que también fue recurrido por el Gobierno.

Los argumentos del Gobierno

En el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó la interposición del recurso de inconstitucionalidad al entender que la norma valenciana "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico". En la rueda de prensa posterior a la reunión, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Gobierno había acordado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional porque reduce las competencias que corresponden al Estado.

"Entendemos que la ley menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y que el Estado esta ejerciendo en relación con el barrio del Cabanyal", puntualizó Fernández de la Vega.

La admisión a trámite del recurso supone la paralización de los derribos de las viviendas en el Cabanyal, un barrio que tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993 por decreto del Gobierno valenciano.