Los diez magistrados del Constitucional seguirán deliberando mañana ante la falta de acuerdo sobre el Estatuto catalán

El debate sobre el estatuto de Cataluña se ha reavivado coincidiendo con las deliberaciones en el Tribunal Constitucional, que se ha reunido en pleno para discutir sobre el último borrador, el quinto, que presenta la magistrada Elisa Pérez Vera, ponente de la sentencia sobre el recurso del PP contra el texto catalán. Los diez magistrados que discuten sobre el Estatuto -está fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por los 'populares', y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo-, tienen sobre la mesa un fallo que anula una quincena de artículos y somete a otra veintena a interpretación. Es decir, éstos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución.

La discusión de los diez jueces comenzaba a las 13.00 horas, en un debate de carácter intenso en el que cada uno de ellos ha expuesto su opinión sobre este último borrador. A las 14.00 horas pararon para comer y reanudaron la sesión pasadas las 17.30 horas. Tras poco más de tres horas de diálogo y sin acuerdo alguno, acordaron proseguir mañana. El tribunal debe estudiar más adelante, además del recurso formulado por el PP contra 125 artículos, los recursos interpuestos contra la norma catalana por el Defensor del Pueblo y las comunidades de Valencia, Aragón, La Rioja, Baleares y Murcia, aunque muchos de los artículos impugnados en estos escritos son los mismos que los recurridos por el Partido Popular.

Tres años de debate

En medio de numerosas especulaciones y rumores, esta semana podría tratarse finalmente la aprobación definitiva de la sentencia, que lleva discutiéndose en este órgano desde hace más de tres años. Pese al tiempo transcurrido, la división existente en el tribunal sigue complicando el acuerdo. Algunas fuentes apuntan que es probable que, de darse luz verde al borrador de la sentencia, únicamente se de a conocer el fallo en espera de que se redacten los votos particulares que previsiblemente presentarán algunos de los magistrados sobre diversas partes del texto.

La convocatoria ha creado gran expectación, ya que los magistrados del Constitucional han venido celebrando los últimos meses diversas reuniones informales para tratar de llegar a un acuerdo aunque el pleno no se había convocado para tratar la sentencia del Estatuto en lo que va de año. Los diferentes borradores que ha ido presentando Pérez Vela no han contado hasta el momento con el consenso suficiente para ser aprobados, y de hecho existiría un empate técnico que sólo podría resolverse con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas.

Mensaje del Gobierno a los nacionalistas

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha mostrado su convencimiento de que la sentencia será "razonada, razonable, ajustada y conforme a los principios constitucionales". De la Vega se ha expresado en estos términos en respuesta a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Ridao, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El dirigente republicano ha calificado de "auténticamente esperpéntico" el retraso del pronunciamiento judicial, que "genera incertidumbre" y la "permanente sensación de que el Gobierno anda deambulando en la cuerda floja", tensada, además, por un tribunal "groseramente politizado y caducado".

El portavoz de ERC ha mostrado su temor a que finalmente venga "el lobo", en alusión al Tribunal Constitucional, para dar "un nuevo bocado" al Estatuto, quizás "para dejarlo en los huesos". Tanto es así que, según ha vaticinado, la sentencia sobre el texto catalán se convertirá en "el problema político e institucional más grave de los 30 años de democracia", porque el catalanismo no admitirá ningún fallo judicial que no sea el que ratifique el texto aprobado sin modificar "ni una sola coma". Por eso, ha ironizado al desear a De la Vega e incluso al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "Santa Lucía les conserve la vista muchos años", después de que hayan pronosticado que la sentencia no tendrá efectos políticos relevantes.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el abogado y ex dirigente de CiU Miquel Roca Junyent han advertido de que España será "la principal víctima" de una sentencia que recorte el Estatut catalán, y se han mostrado seguros de que el Tribunal Constitucional respetará la integridad del texto.

El presidente catalán ha asegurado que las relaciones entre Cataluña y España deben regirse por la "lealtad", y que cuando ésta pasa a segundo término se pone en peligro "la confianza" de la sociedad catalana en las instituciones del Estado. "Donde algunos ven sólo un texto jurídico, Cataluña ve también su voluntad mayoritaria, un pacto político con el Estado y su ley de leyes", ha afirmado Montilla en referencia al Estatut .

Una "buena ley"

De la Vega, por su parte, ha subrayado que el Estatuto es "una buena ley", que se está aplicando con plena vigencia y normalidad democrática y que cuenta con la legitimidad democrática de dos Parlamentos (el nacional y el catalán) y el aval del pueblo a través del referéndum. No obstante, ha hecho hincapié en que las deliberaciones del Tribunal Constitucional y las decisiones que tome "forman parte también de la normalidad democrática" y del sistema institucional, y hay que respetar sus tiempos, sus procedimientos y su independencia.

"A todos nos gustaría que el tiempo fuera menor, pero los tiempos judiciales no son iguales que los tiempos políticos ni que los tiempos electorales", ha especificado la vicepresidenta, que ha reclamado "un poco de serenidad" mientras llega la sentencia, porque hacer cábalas, ha dicho, es "poco serio y poco riguroso", y todos deberían actuar "con un poquito de responsabilidad".

Sus palabras no han convencido a Ridao, quien ha puesto el acento en la "dudosa legitimidad" del Tribunal Constitucional y ha advertido de que un fallo adverso produciría una "auténtica quiebra del Estado de las Autonomías". "El encaje no puede hacerse a martillazos", ha incidido.

La vicepresidenta ha recordado que Cataluña ha vivido en las últimas décadas un importante avance en su autogobierno y lo ha hecho, según ha remachado, en "sana convivencia" y colaboración institucional con el resto de las comunidades y de los poderes del Estado, "sin problemas ni crispación"