Organizaciones humanitarias presentan en Argentina una demanda para que se investiguen los crímenes del franquismo

Organizaciones humanitarias de Argentina y España, junto al Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, han presentado en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen los "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la dictadura de Franco. La denuncia está asignada a la jueza federal María Servini de Cubría, según han precisado portavoces de los demandantes, que han expresado su confianza en que "víctimas de la dictadura franquista" se sumen paulatinamente a esta querella.

Se trata de la primera demanda que aspira a que un tribunal argentino aplique el principio de "jurisdicción universal" para investigar crímenes que, según aducen los organismos humanitarios, no prescriben. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de España, Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y el premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, son algunos de los promotores de esta iniciativa.

La denuncia está encabezada por Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei (Lugo); y por Inés García Holgado, sobrina de Elías García Holgado, asesinado en 1937 tras ser encarcelado cuando era alcalde de Salamanca.

Principio de "jurisdicción universal"

Los promotores de la demanda apelan al principio de "jurisdicción universal" existente en la Constitución argentina y "consagrado en el derecho internacional, y que basó también las actuaciones que el juez Baltasar Garzón encabezó en España", ha recordado Carlos Slepoy, uno los abogados que trabaja en la causa en colaboración con entidades humanitarias locales. Los querellantes denuncian la desaparición de 113.000 personas durante la dictadura de Franco, un dato que rescata de las actuaciones de Garzón en España.

La denuncia ante la Justicia argentina coincide, y no de forma fortuita, con la causa abierta en España a Garzón, en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación tras haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. El abogado Slepoy, quien intervino como parte querellante en los juicios que instruyó el juez de la Audiencia contra Jorge Videla y otros responsables de la dictadura argentina (1976-1983), ha admitido que fue la acusación contra Garzón la que incentivó la presentación de la denuncia judicial en Argentina.

Según ha recordado el letrado, el principio de jurisdicción universal es "el mismo" que se aplicó contra el dictador chileno Augusto Pinochet y en el juicio contra el ex piloto naval argentino Adolfo Scilingo, a quien la Justicia española condenó en 2007 a 1.084 años de prisión por crímenes de la dictadura argentina.