Víctimas del franquismo se querellan contra Varela por procesar a Garzón

Dos asociaciones para la recuperación de la memoria histórica se sumaron ayer al proceso que se sigue en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por presunta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo. Los colectivos de Cataluña y Mallorca presentaron una querella por prevaricación contra los magistrados Luciano Varela y Juan Saavedra, cabezas visibles de la causa que está a punto de sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional. Acusan al primero de violar tratados internacionales que ampararían la investigación de Garzón; al segundo, como presidente de la Sala de lo Penal, de impedir la personación en el proceso de las víctimas del franquismo.

La querella llega al Supremo en un momento clave en la causa contra Garzón. Sin embargo, en poco o en nada interferirá en la decisión de la Sala de lo Penal de juzgar al juez por prevaricación, según apuntan fuentes judiciales. Conscientes de ello, los querellantes señalaron ayer que la razón que ha impulsado la demanda era la «profunda indignación» que ha causado el procedimiento abierto al juez por el alto tribunal, «un ataque frontal contra las víctimas españolas» del franquismo.

Llani Álvarez, portavoz de la coordinadora de colectivos de víctimas del franquismo, explicó la incomprensión de las asociaciones de la memoria histórica por cuanto un «pseudosindicato de extrema derecha y una organización falangista puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas» y recibir amparo del Tribunal Supremo.

Por este motivo, dirigen la querella contra los que consideran artífices del proceso contra Garzón: los magistrados Luciano Varela y Juan Saavedra. Sobre Varela sostienen que, como instructor de la causa, ha incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación de Garzón «a sabiendas de que las decisiones de éste fueron objetivamente sostenibles en el plano jurídico», ya que se amparó en el derecho internacional.

Asimismo, recriminan que estas normas y tratados contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España «impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía» a los que se presuponen autores de los crímenes, en referencia a los argumentos que usó el juez Luciano Varela contra Garzón por saltarse, precisamente, las leyes de amnistía de 1977 en su investigación, unas leyes que fueron aprobadas por las Cortes democráticas vigentes.

Indefensión

Los querellantes acusan al magistrado Juan Saavedra, presidente de la sala que admitió las querella contra Garzón y que ha rechazado todos los recursos del juez, de denegar la personación de las víctimas y de no haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad planteada ante este tribunal hace diez meses.

Una demora que ha causado «total indefensión» a las víctimas del franquismo, según señaló Llani Álvarez, quien recordó además que hay juzgados de Granada y El Escorial que aún esperan la resolución del Supremo para seguir investigando.

Las asociaciones de la memoria histórica de Cataluña y de Mallorca representan a 1.300 familias de víctimas del franquismo. Ambas entidades han abierto la puerta a asociaciones del resto de España para que se sumen a la querella.

La admisión o inadmisión de la querella recaerá en la denominada Sala Especial del artículo 61, integrada por el presidente del alto tribunal Carlos Dívar, los presidentes de las distintas salas del Supremo y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.

La razón es que compete a este órgano revisar las querellas presentadas contra dos o más magistrados del Supremo, como es el caso. Pero antes de que resuelva deberá dar traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre su admisión y sustituir en la deliberación al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, por ser parte implicada en la querella.