El PP contraataca e intenta implicar al Gobierno en el 'caso Gürtel'
Reclama a Blanco que explique un contrato con una firma de la trama y respalda a Cascos en su denuncia contra los investigadores
MADRID.Actualizado:El PP se lanza a la ofensiva en el 'caso Gürtel'. Pasa de dar explicaciones a pedirlas al Gobierno sobre algunas presuntas irregularidades de dirigentes socialistas. María Dolores de Cospedal anunció ayer que van a solicitar la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, José Blanco, para que explique por qué concedió su departamento a la empresa Teconsa contratos por valor de 36,4 millones. Un contrato que se firmó, según el PP, cuando ya se conocía la relación de esa compañía con la presunta trama corrupta que encabezaba Francisco Correa.
La lugarteniente de Mariano Rajoy, al hilo de este argumento, reflotó un viejo asunto que se recoge en el sumario del 'caso Gürtel' sobre varias conversaciones donde algunos de los implicados en la trama «aseguran tener muy buenas relaciones con gente de La Moncloa». Por todo ello, Cospedal aseguró que «llama poderosamente la atención» que la Fiscalía haya solicitado a todos los gobiernos autónomos que comuniquen cualquier contratación con las empresas relacionadas con 'Gürtel' y que, sin embargo, no pida al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aclare los acuerdos de Fomento con Teconsa.
Los populares buscan un antídoto para frenar o diluir las insinuaciones sobre el grado de corrupción que existe en sus filas.
¿Y qué ocurre con los cabos de la investigación del 'caso Gürtel' que apuntan a supuestas conductas irregulares por parte del ex tesorero Luis Bácenas y de otros responsables del PP de Madrid, Valencia o Castilla-León -el juez Pedreira ha abierto una pieza separada en relación con la construcción de una variante en Olleros de Alba-? La número dos del PP respondió a todas las preguntas en la habitual rueda de prensa tras la reunión de la dirección nacional del PP con dos aseveraciones genéricas. Una, que lo importante es que Bárcenas ya no es ni tesorero ni militante del PP, aunque siga como senador por Cantabria dentro del grupo popular, porque no está condenado sino imputado.
La segunda, que la mayoría de los indicios delictivos que aparecen en los 50.000 folios del sumario conocidos la semana pasada forman parte de informes policiales «que son útiles para el juez en su investigación, pero no los documentos con los que se condenada o absuelve a una persona». La secretaria general del PP, con tono firme, puso en duda además la legalidad de esos informes y se incorporó así a la nueva fase del enfrentamiento entre populares y socialistas.
Cospedal refrendó la tesis de Francisco Álvarez Cascos sobre la existencia de un grupo de elite policial «capaz de falsificar pruebas». Lo que sorprende, dijo la número dos del partido opositor, no es la denuncia de Cascos «sino que se critique al denunciante en vez de comprobar si la denuncia es cierta». Es más, el PP pedirá a la Fiscalía que una la queja del ex vicepresidente del Gobierno a la denuncia que presentaron los populares ante la Fiscalía por presuntas actuaciones policiales «instigados por mandos de Interior». Justificó, asimismo, que Cascos haya hecho unas acusaciones amparadas en una denuncia que consta en el propio sumario del 'caso Gürtel'. Se refiere a un viaje del ex vicepresidente y su familia que, según se insinúa en uno de los informes, habría sido sufragados por la trama corrupta a través de la empresa Viajes Pasadena, un hecho que el propio Cascos -sin estar siquiera imputado- negó ante el juez, al que presentó facturas y declaraciones de los directores de los hoteles donde se alojó.
También Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior entre 1996 y 2001, vio «perfectamente posible» que un grupo de agentes de la Policía haya manipulado pruebas para incriminar a dirigentes del PP. Pero no quiso ir más allá y se quedó en que si Cascos ha hecho semejante denuncia, «sus razones tendrá».
El PP, por otra parte, tiene ultimada la redacción de una Proposición de Ley para la regulación del sistema de escuchas policiales Sitel y para que se refuercen «el derecho a la intimidad, a la privacidad y al secreto a las comunicaciones porque son derechos fundamentales», acotó Cospedal.