Dos testigos protegidos confirman que los Galán multaban a las prostitutas

Dos nuevos testigos protegidos, identificados en el sumario de la 'operación Toscana' como SRK30 y SRK40 y que podrían ser trabajadores de los prostíbulos de los Galán, declararon ayer ante la jueza de instrucción número 1 de Chiclana, confirmando que en los burdeles se multaba a las mujeres que desobedecían las órdenes de los encargados. Recordaron, por ejemplo, cómo una de las meretrices fue castigada -sin especificar el club- por quedarse embarazada, aunque a preguntas de uno de los abogados defensores, reconocieron que no fueron testigos directos de tal hecho, pues se produjo en un prostíbulo distinto a donde trabajaban.

Los dos hombres testificaron tras una mampara y con las voces distorsionadas, para no ser reconocidos, pero sus declaraciones no servirán como pruebas preconstituidas en el juicio oral, como ya ocurrió con otros testigos protegidos. De esta forma, no fue preciso que los 16 imputados de la causa estuviesen presentes en el juzgado chiclanero. Además, en caso de celebrarse el juicio contra los Galán, ambos hombres tendrán que repetir sus testimonios ante el magistrado que juzgue los delitos.

La jueza ya advirtió en el auto de libertad de Juan Luis Galán -dueño de los prostíbulos -y de su hijo Juan Pedro, que será necesario tomar testimonio a unas 90 prostitutas para aclarar si está justificada la apertura de un proceso judicial. Sin embargo, hasta ahora las mujeres que han testificado no superan la quincena, de las cuales, la mayoría han hablado de explotación sexual y presiones, como las multas por desobediencia.

A pesar de todo, el abogado defensor de la mayoría de los imputados, José Luis Tellado, insistía ayer en que no existen indicios de delitos en lo dicho por los dos últimos testigos de ayer. «No han declarado nada que pueda inferir que sean delitos. Además, si hubieran detectado conductas delictivas ellos mismos serían copartícipes por no denunciarlas».

La 'operación Toscana' cuenta ya con 16 imputados, después de que la Guardia Civil implicase hace dos semanas a un encargado del club Garum de Conil, que fue puesto en libertad. Además se detuvo a una trabajadora de la Hacienda (en El Puerto) y a un veterinario del Servicio Andaluz de Salud, pero ninguno ha sido imputado por la jueza aún.