Marrero insiste en que su sociedad se limitó a ejecutar la licencia ahora anulada

Fue una declaración corta, que no llegó a la hora, la que prestó ayer ante la jueza del nº 1 de El Puerto, el ex consejero de Trabajo de la Junta, Ramón Marrero, y representante de una de las sociedades que iniciaron las obras para la construcción de un campo de golf en el municipio portuense. Unos trabajos que se ejecutaron al auspicio de unas licencias provisionales que fueron anuladas por el TSJA y posteriormente por el Supremo en sentencia de confirmación. Su imputación en este caso ha sido a petición de la Fiscalía, después de que el TSJA ordenara remitir las actuaciones a los juzgados de Instrucción para abrir una investigación penal por posible prevaricación.

Marrero no es el único salpicado en este asunto; también están imputados, entre otros, el ex alcalde Hernán Díaz y tres concejales. El TSJA vio indicios de que la concesión de las licencias provisionales se dio a sabiendas de que no estaban permitidas en una zona, cuyo planeamiento urbanístico aún estaba por concluir en esas fechas.

La construcción del campo de golf recayó en dos sociedades -Golf El Puerto S. A. e Inversiones Turísticas y Deportivas S.L.- por decisión municipal y ayer el representante legal de la primera de ellas acudió ante la jueza sin letrado. Optó por la autodefensa para volver a insistir en la misma línea argumental que ha sostenido desde que se hiciera pública su imputación: que las empresas se limitaron a ejecutar unas obras en virtud de unos permisos concedidos y que, además, estaban obligado a ello para no contravenir los requisitos de la concesión.

Tras su declaración, Marrero contestó a los medios, vía gabinete de prensa, a través de un comunicado donde defendían que la documentación presentada sostienen la legalidad de la actuación de las sociedades promotoras del campo de golf. «Ha quedado acreditado que tanto Golf El Puerto como Inversiones Turísticas actuaron de acuerdo a la cobertura legal de la licencia concedida y conforme al proyecto redactado por Target Ingenieros». En la nota, el ex consejero asegura que las licencias fueron solicitadas a partir de la modificación puntual que se hizo en 2001 del PGOU y de la Declaración de Impacto Ambiental que permitía el uso del suelo para la construcción del campo de golf. Y que en caso de que las autorizaciones fueran revocadas, ambas sociedades tenían asumido que las obras podían ser demolidas sin indemnización alguna como recoge la Ley sobre Régimen del Suelo.

Pese a las diligencias abiertas, el desarrollo del campo de golf no es un proyecto descartado por el Gobierno local, pese a los reveses judiciales que ha recibido. Y a día de hoy está pendiente de que la Junta resuelva la nueva petición de modificación del planeamiento que ha presentado el Ayuntamiento. Esta situación la subrayó ayer Marrero ante la jueza, ante la probable validación de los instrumentos de planeamiento ahora en suspenso.