El Consistorio de Medina Sidonia ha sido el primero en inspeccionar la licencia de un club de los Galán

El Ayuntamiento de Medina Sidonia ha sido el primero de los seis municipios donde la familia Galán -imputados en la 'operación Toscana'- tienen prostíbulos, en iniciar una inspección para comprobar si la actividad del burdel Medina Park se ajusta a lo que establece su licencia de apertura, como establecimiento hotelero.

Por el momento, el Consistorio ha enviado al club a los agentes de la Policía Local -situado en la carretera de Chiclana- para comprobar sobre el terreno en qué consiste el negocio: no si se ejerce la prostitución en él, algo de sobra conocido y que los dueños no ocultan; sino que han comprobado si funciona con las trazas de un hotel en el que las prostitutas pagan sólo por el uso de las habitaciones, y éstas pueden ser alquiladas por otros clientes.

Según fuentes municipales, la concejalía de Urbanismo de Medina podría tomar una decisión sobre la retirada de la licencia en los próximos días, a la espera aún de revisar el informe policial y la naturaleza de la licencia del club Medina Park, que según las mismas fuentes, fue concedido hace décadas cuando el establecimiento aún no se dedicaba al negocio del sexo.

Además del Ayuntamiento de Medina, también anunciaron su intención de iniciar inspecciones los de El Puerto -donde se encuentra el club La Hacienda- y Estepona, en Málaga -donde se encuentra el prostíbulo Aladín-, después de que la jueza de Chiclana que instruye la 'operación Toscana' contra la explotación sexual, ordenara la reapertura de los clubes, dejando en manos de las administraciones local y autonómica el control de las licencias de apertura. Y es que, según explicaba la jueza en su auto, los clubes utilizaban el nombre de hotel como «tapadera» de una actividad que no tiene nada que ver con el negocio turístico-hotelero.

De este modo, los Galán se enfrentan ahora a dos frentes en los que deben defender el futuro de sus prostíbulos. Por un lado, el administrativo, en el que además de las inspecciones de los ayuntamientos, han recurrido la decisión de la Junta de expulsar los clubes del Registro Andaluz de Turismo al no reconocerlos como hoteles. En segundo lugar, continúa abierta la causa judicial con cuatro imputados de la familia Galán.