El sumario del 'caso Gürtel' apunta a la «financiación irregular» del Partido Popular valenciano

Por primera vez, negro sobre blanco. Varios documentos de la Policía incluidos en el sumario 'Gürtel' hablan sin rodeos de "financiación irregular" del PP en la Comunidad Valenciana. El levantamiento del secreto de los cerca de 50.000 folios de la causa desvela que desde julio de 2009, en plena instrucción del proceso contra Francisco Camps y sus colaboradores, la Brigada de Blanqueo de Capitales venía alertando al Tribunal Superior de Justicia de Valencia en varios informes de que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por (la empresa) Orange Market en relación a la facturación del PPCV" y que partes de las "deudas" que la formación adquiría con las empresas de Francisco Correa eran abonadas por empresarios de la comunidad para luego obtener contratos, adjudicaciones y servicios. Las trampas contables sobre el pago de actos del partido en la Comunidad Valenciana -estiman los agentes- rondarían los 6,3 millones de euros.

El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del 31 de julio pasado disecciona en 98 páginas y varios apéndices la actividad en relación al PP de Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', el responsable de la filial Orange Market. La Policía, que recuerda que 'El Bigotes' "mantiene una estrecha relación" con dirigentes populares como Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García o Vicente Rambla, explica en sus atestados que "la facturación de Orange Market al cliente Partido Popular es dual". Según los analistas, la empresa de Correa emitía facturas A (denominadas Alicante) con IVA que la formación pagaba religiosamente y unas B (Barcelona) que el PP no pagaba y que la trama corrupta 'ofertaba' a empresarios de la comunidad, que de este modo indirecto allegaban dinero al partido con el objetivo de obtener contratos.

"Parte de los actos del Partido Popular -afirma uno de los informes- son financiados por empresarios siendo para éstos donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido. Estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas que obtienen como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos".

Costa, entonces secretario general del PP de Valencia, es, de acuerdo con estos atestados revelados hoy, pieza clave en esa supuesta "financiación irregular". "Además, el propio Partido Popular en la persona de Ricardo Costa actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero. Esta forma de actuación da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política", reza el informe.

Aportaciones directas

"Este sistema de doble facturación y de financiación irregular de los actos realizados por el Partido Popular" no se desarrolló, según la investigación, en un momento concreto, sino que tuvo una "persistencia en el tiempo". Un período -asegura la UDEF- en el que la trama corrupta no tiene remilgos en "negociar el pago de la deuda con los responsables políticos valencianos (...) confeccionando factura 'ad hoc' con conceptos acordados al efectivo entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez".

Ellos negociaban que iba a ser 'pago B', la deuda que el PP presuntamente dejaba sin pagar a Correa para que fuera abonada por empresarios, siempre de acuerdo con el sumario. "La financiación de la deuda de B (Barcelona) se sufraga de forma diversa: con aportaciones directas de empresarios de la comunidad de Valencia".

La Policía, en concreto, cita como pagadores a las empresas Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos, FACSA y PIAF, todas dedicadas a las obras públicas. Otro informe de la Policía Judicial, fechado el 10 de enero último, analiza conversaciones entre dirigentes del PP en el que, en clave, se refieren a esos empresarios que "financiaban a través de facturación falsa al PP de la Comunidad Valenciana".

De los pinchazos telefónicos, la UDEF llega a la conclusión de que son Pablo Crespo (hombre de confianza de Correa) y 'El Bigotes' los que pactan con Rambla los contratos que se llevaran los empresarios benefactores. En una de esas conversaciones -se recoge en el atestado- "Pérez indica a Crespo que ha pedido Rambla que le asegure el porcentaje de las adjudicaciones que realice".

Pagos

Pero ese "circuito ajeno al sistema financiero" que la Policía entiende que sirvió para financiar de forma ilícita a la formación conservadora no terminaba ahí, según la Brigada Antiblanqueo. Esa 'caja B' que se engrosaba con "fondos procedentes de los cobros en B derivados de los actos para el Partido Popular" servía, a su vez, para cubrir gastos de la trama y hacer "entregas de dinero a responsables políticos o cargos directivos del Partido Popular como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Gerardo Galeote, Alberto López, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch, Arturo González, Jesús Sepúlveda, Ginés López, Tomás Martín, José Galeote, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega o Carlos Clemente".

Orange Market, aunque es el centro de la supuesta financiación irregular del PP, no es la única empresa de Correa que trabajó para la Comunidad Valenciana. Un escrito agregado a la causa y remitido por la Generalitat el pasado junio reconoce que el Gobierno de Camps contrató con otras siete empresas de la trama corrupta: Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen.