La Fiscalía cree «probado» que se descapitalizó el Ayuntamiento de Marbella en favor de Del Nido

El juicio por el 'caso Minutas' comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga con las cuestiones previas, que se centraron en aspectos de gran tecnicismo jurídico. No obstante la sesión dejó alguna que otra perla del fiscal dirigida a los principales acusados, el abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido, el ex alcalde Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, en respuesta a las alegaciones por indefensión y prescripción de delitos que formularon sus defensores y a las que se sumaron la mayoría del resto de los catorce acusados.

«Ésta no es una causa normal», advirtió el fiscal Anticorrupción, Francisco Jiménez-Villarejo, para apostillar que «quedará probado que determinadas personas desde una administración (el ayuntamiento) han aprovechado esa posición para propiciar una descapitalización, teniendo un principal beneficiario, que ha sido el señor Del Nido, mediante un concierto previo en el que estaba un grupo que formaba un núcleo duro».

De esta manera, Jiménez-Villarejo recordaba la razón por la que ha sentado a Del Nido, Roca y Muñoz en el banquillo de los acusados: las presuntas irregularidades cometidas en los encargos profesionales que hizo el Consistorio marbellí al letrado sevillano. El defensor de Del Nido, Pedro Apalategui, alegó que durante la instrucción del procedimiento se vulneró el derecho de su cliente a ser informado sobre algunas imputaciones sobre las que, según dijo, no fue interrogado. «Se han producido acusaciones sorpresivas y ha habido una especie de frenesí acusatorio», que, en su opinión, como en la de algunas otras defensas, pueden desembocar en futuras nulidades. La mayoría de los abogados hicieron hincapié además en que algunos de los delitos habrían prescrito.

Respecto a la sentencias del Tribunal de Cuentas que fallaron que no hubo daño real en los fondos públicos por determinadas minutas de Del Nido, Apalategui planteó hasta qué punto estas sentencias pueden tener incidencia en el ámbito penal y la posibilidad de que se den resoluciones contradictorias.