La Junta invertirá 4,3 millones de euros en seguridad para centros sanitarios de Cádiz

La Junta invertirá 25,6 millones de euros en medidas de seguridad para los centros sanitarios públicos a lo largo de 2010, una cantidad presupuestaria enmarcada en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

Según un comunicado, el plan de prevención y atención a las agresiones incluye la prevención de situaciones de conflictividad, la extensión de medidas de seguridad que posibiliten un ambiente de confianza para profesionales y usuarios, la concienciación social y la formación.

De los 25,6 millones de euros, 17,5 millones se invertirán en centros hospitalarios, 3,9 millones en las nueve áreas de gestión sanitarias, 3,6 millones para los centros de Atención Primaria y el resto para los centros regionales de transfusión sanguínea y centros directivos.

La distribución por provincias será la siguiente: 2,1 millones en Almería; 4,3 en la de Cádiz; 1,9 en Córdoba; 2,5 en Granada; 1,8 en Huelva; 1,9 en Jaén; 4,3 en Málaga y 6,8 en Sevilla.

El plan incluye medidas de prevención de las agresiones y de atención a los profesionales, así como un registro que permite realizar un análisis detallado de la frecuencia, ubicación, causas y otros aspectos de interés.

En materia de prevención, la Consejería de Salud pone a disposición de los profesionales medidas disuasorias y de adecuación de las infraestructuras en los centros sanitarios con timbres antipánico, cámaras de seguridad, salidas alternativas y vigilancia, así como actividades de formación en las que se busca que puedan afrontar una situación de riesgo o conflictiva.

Los centros sanitarios andaluces cuentan con un total de 2.029 timbres antipánico, 1.446 interfonos, 1.463 teléfonos directo de seguridad, 419 salidas alternativas, 1.169 cámaras de seguridad, 387 vigilantes de seguridad y 467 mamparas y detectores, entre otros.

Además, cuando se produce una agresión, el plan pone en marcha medidas específicas de atención a los profesionales que incluyen atención psicológica, asesoramiento legal y asistencia jurídica a la persona agredida.