Consenso y urgencia

Hoy informa este periódico del malestar existente entre los altos funcionarios de los ministerios económicos por la demora que sufren ciertas medidas de gran relevancia en la lucha contra la recesión. Medidas que, paradójicamente, cuentan con el apoyo implícito de los principales grupos parlamentarios, que sin embargo se han negado por razones políticas a escenificar un pacto de Estado contra la crisis. El Gobierno, en parte para atender una reclamación clara de la opinión pública que exige consenso y en parte también para tratar de compartir con las restantes fuerzas el desgaste que le produce la mala coyuntura, ideó los acuerdos de Zurbano y enunció las 54 propuestas que, aunque en su mayor parte razonables y oportunas, no constituyen realmente un plan cerrado y completo, entre otras razones porque han quedado fuera del paquete cuestiones vitales (educación y energía, que se negocian aparte, y la reforma de la contratación laboral, que está en manos de los agentes sociales). Así las cosas, ante las reticencias de las restantes fuerzas, el Ejecutivo, que debía haber aprobado los decretos-ley de desarrollo de Zurbano el pasado martes, decidió aplazar la decisión hasta el próximo viernes, con la esperanza de que crecieran los apoyos políticos. En definitiva, medidas de indudable calado -como la concesión directa por el ICO a las Pymes de créditos de hasta 200.000 euros-, que pueden tener un efecto inmediato y vitalizador sobre el tejido económico, se están demorando para desesperación de sus potenciales beneficiarios y -también- de los técnicos que han concretado la propuesta y se disponen a aplicarla. Y éste es sólo un ejemplo. En realidad, el consenso PP-PSOE, capaz de asegurar el cumplimiento de objetivos a largo plazo, es sólo indispensable en los asuntos relacionados con el cambio de patrón de crecimiento, con las medidas encaminadas a incrementar la productividad y a intensificar las actividades de alto valor añadido. El acuerdo no es tan necesario, en cambio, en las reformas coyunturales para salir de la crisis, que en todo caso deberían implementarse antes de que, concluido el semestre de presidencia europea, comience una crispada campaña electoral que ya durará hasta el final de la legislatura.