La obsesión por el pacto inquieta a altos cargos del Gobierno

Las exigencias de la negociación política no son buenas para los nervios de los técnicos de Economía. La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de intentar ahormar un acuerdo político contra la crisis para lanzar a la opinión pública un mensaje de confianza ha acabado teniendo un coste inesperado: el malestar entre altos funcionarios y niveles medios del área económica del Gobierno que ven cómo medidas a su juicio urgentes se postergan por una necesidad de escenificación que puede salir muy cara.

La crítica es, paradójicamente, compartida por buena parte de los grupos parlamentarios con los que el Ejecutivo ha querido suscribir el llamado 'pacto de Zurbano'. Este acuerdo, propuesto por Zapatero en un difícil debate parlamentario sobre la crisis al que acudió a rastras y aún tocado por la 'semana negra' de la bolsa española, tenía un problema de origen: no pretendía abrir la puerta a ideas novedosas para lograr salir antes de la recesión, sino crear una nueva envoltura para propuestas ya contenidas en el anteproyecto de la ley de Economía Sostenible o discutidas en el Parlamento con anterioridad a instancias de otras fuerzas políticas.

En el primer documento entregado por el Ejecutivo a los partidos se incluía por ejemplo la propuesta de que antes del 15 de junio el Instituto de Crédito Oficial (ICO) empiece a conceder créditos directos a pymes y autónomos por valor máximo de 200.000 euros, es decir, que actúe como una suerte de banca pública y asuma el 100% del riesgo de los préstamos.

Si todo va según lo previsto, se incluirá en el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el día 9. Pero forma parte de ese conjunto de iniciativas que, a juicio de algunos técnicos de Economía, no debería haber esperado ni un segundo desde el momento en el que se supo que contaba con suficientes apoyos para salir adelante. Porque cada mes que pase, apuntan, se traducirá en empresas que cierran y puestos de trabajo perdidos.

Un planteamiento similar realizaron CiU o incluso el PP al ver que entre los temas que ponían sobre la mesa los comisionados por Zapatero -la vicepresidenta económica, Elena Salgado; el titular de Fomento, José Blanco, y el de Industria, Miguel Sebastián- estaban cuestiones relativas a la morosidad de las administraciones o incentivos fiscales para la rehabilitación de vivienda. Cuestiones que se podían y, a su entender, se deberían aprobar en la Cámara Baja sin esperar a suscribir un documento político cargado de actuaciones de lo más dispar como pretende el Gobierno.

Los nacionalistas catalanes -con quienes el Ejecutivo mantiene una interlocución más activa- lograron aun así que la Comisión de Economía del Congreso aprobara el pasado 23 de marzo la ley que obligará a que la Administración pública pague en 30 días y las empresas en 60, aunque eso no ocurrirá hasta 2013.

Entre dos aguas

El presidente del Gobierno es consciente de que nada entre dos aguas. Por un lado está obligado a responder a la demanda ciudadana que reclama consenso y por el otro no puede dejar que los tiempos políticos lastren la recuperación económica. Visto cómo se desarrollaban los acontecimientos, el elevado grado de escepticismo de los grupos y el nerviosismo interno, trató de dar carpetazo a Zurbano esta misma semana, pese a las advertencias de Salgado de que el acuerdo no estaba aún maduro y pese a que, en un principio, había fijado un plazo de dos meses para llegar a puerto y sólo ha pasado uno.

El caso es que en sus propias filas encajan con deportividad las acusaciones de las demás grupos sobre su afán propagandístico.

«Todo este proceso ha servido al menos para pacificar el ambiente porque arrancamos el año de manera muy convulsa con el debate de las pensiones y el cuestionamiento internacional de nuestro déficit, pero es cierto que al final suponía sustraer un debate que era suyo al Parlamento para trasladarlo a ese palacete, que, además, es muy feo», ironiza uno de los diputados más bregados en la negociación económica.

Los técnicos, los 'fontaneros' de los ministerios económicos que tienen que verse las caras a diario con los sectores que sufren en sus carnes la crisis, no encuentran consuelo en esa supuesta mejoría del clima político. Algunos incluso se quejan de que también cuando se actúa con la mirada puesta en convencer más a los agentes económicos internacionales que a los electores se cae en la precipitación y en los fuegos de artificio.

«Muchas veces la credibilidad se juega con la aplicación de las medidas y no hemos transmitido una imagen aceptable cuando hemos propuesto medidas en las pensiones de las que ahora nadie quiere ser padrino o cuando hemos dedicado todos los esfuerzos a la subida del IVA, que es una actuación que tiene un efecto muy de largo plazo y en ningún modo recaudatorio», se lamenta un alto cargo de la Administración.

Su temor es que ahora se esté perdiendo un tiempo crucial que será imposible de recuperar cuando, pasada la presidencia de la UE y llegado el verano, se abra un largo período de campaña electoral que arrancará con las catalanas del otoño y seguirá con las municipales y autonómicas de la próxima primavera.