De la euforia al pesimismo

El espíritu de Las Aletas se diluye como el humo. El pesimismo cunde entre los agentes sociales de la provincia al comprobar como este proyecto, clave para el desarrollo de la Bahía, sigue sumando retrasos bajo el silencio político. Aquella euforia que guió a empresarios y sindicatos el pasado octubre a resolver juntos los defectos que motivaron la paralización de las obras por el Tribunal Supremo se torna ahora en una halo de desconfianza. La solución al problema de Las Aletas se eterniza sin encontrar, de momento, un horizonte.

El presidente de la patronal de empresarios de Cádiz (CEC), Miguel González Saucedo, ha mostrado su preocupación ante el silencio en el que ha sucumbido el proyecto tras el fallo judicial. Saucedo lamenta las dificultades que encuentra la provincia gaditana cada vez que se embarca en la puesta en marcha de una propuesta ambiciosa. No entiende cómo el Alto Tribunal puede cuestionar el interés social de este parque empresarial cuando su apertura supone la creación de, al menos, 30.000 puestos de trabajo. El presidente de la patronal respeta a los ecologistas, colectivo que interpuso el recurso contra el parque, «pero parece que nadie respeta el interés que tiene la provincia por resolver el problema de 173.000 parados».

La patronal tiene previsto convocar después de Semana Santa una reunión del consejo económico y social (CES) de la provincia en el que se encuentran representados sindicatos y Diputación. El objetivo no es otro que tomar el pulso al estado de Las Aletas y acelerar los trámites para reiniciar las obras.

El proyecto ha entrado en otra dimensión desde que lo tumbó en octubre el Tribunal Supremo por defectos de forma. Sus gestores siguen ahora los consejos de la Abogacía del Estado para salvarlo. Así, el Consorcio ha encargado un estudio de los nuevos usos del polígono que definirá al detalle las actividades que podrá albergar las 280 hectáreas de dominio público marítimo terrestre, afectadas por el fallo judicial. Este avance no estará listo hasta después de las vacaciones de verano.

Peligro de retraso

Este eterno papeleo es el que crispa a los agentes sociales. El secretario provincial de UGT, Pedro Custodio, advirtió que el plan de usos debe estar listo mucho antes, de lo contrario, el proyecto volverá a sumar otro año de retraso. Considera que las obras pueden seguir en las 120 hectáreas que no están afectadas por la sentencia del Alto Tribunal y que son de titularidad de la Junta.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Ángel Juan Pascual, señala que la situación de Las Aletas es «un atropello al desarrollo empresarial». Indica que el retraso es «mayúsculo».

El discurso se vuelve más radical cuando son los políticos de la oposición los que evalúan el desenlace de Las Aletas. Así, el presidente provincial del PP, José Loaiza, destacó que la Bahía no se puede permitir nuevos retrasos y acusó a la Junta de «improvisación e ineficacia». La indignación ante el retraso que sufre el proyecto es latente en las fuerzas políticas. El parlamentario de IU por Cádiz, Ignacio García, considera que el proceso de tramitación se ha llevado con «oscurantismo y falta de transparencia». Han sido demasiados obstáculo que, al final, han pasado factura a la gestión. En su opinión, «la sentencia del Supremo confirma que los deberes se han hecho mal desde el primer momento sin prever las consecuencias de algunas decisiones que se tomaban». Ignacio García requirió hace semanas en el Parlamento Andaluz el informe de la Abogacía del Estado para tener constancia de los detalles de esa salida «factible» que plantean los juristas al proyecto y que ha tomado como bandera el PSOE.

«Fracaso e improvisación»

La respuesta ha sido negativa e invitan a solicitar el informe al Gobierno central. Ignacio García considera que alguien debe asumir la responsabilidad política ante el «fracaso» de la construcción del parque tecnológico. No entiende cómo la Abogacía del Estado da las claves para seguir adelante con la obra y no comprende por qué esta solución no se adoptó antes, «quiere decir que ha habido improvisación e ineficacia en la gestión». García adelanta que el proyecto seguirá sumando retraso y «es más que probable que nos tengan enredados con papeles y estudios hasta 2012, año electoral».

Desde las filas populares se piden también explicaciones al parón de Las Aletas. Su presidente provincial, José Loaiza, al margen de los anuncios que pueda hacer en Cádiz la Junta y el PSOE, solicitarán la comparecencia en el Parlamento de los consejeros que están al frente del proyecto. La situación se complica, ya que la persona que ha estado al frente de este asunto ha sido relevado del cargo en el nuevo Gobierno de José Antonio Griñán. El que fuera consejero de Empleo y vicepresidente del Consorcio de Las Aletas, el jerezano Antonio Fernández, está ahora fuera del Gobierno regional, aunque conserva su condición de parlamentario socialista.

Por su parte, el presidente de Diputación y secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de Las Aletas y aclara que después de Semana Santa habrá una reunión del Consejo Rector donde se producirán los cambios de algunos de sus miembros y se detallarán los plazos de la gestión sobre los nuevos informes que necesita el proyecto.