Un año del robo

Hace un año Clemente Ruiz se levantó temprano. Cogió su ropa doblada, que había elegido el día anterior, y se vistió. Tras peinarse y lograr una imagen pulcra, con la cara bien afeitada, se marchó en dirección a la Delegación de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando. La misma rutina que no se saltó en 25 años de trabajo. Sin embargo, esta vez el día no acabaría como él pensaba, pues en vez de volver junto a su familia, pasó la noche en los calabozos como principal sospechoso del presunto robo de 7,8 millones de euros de la Caja municipal.

Hace exactamente un año que el Ayuntamiento alertaba en un escueto comunicado de la denuncia presentada contra Clemente y su compañera de trabajo, María José Lebrero, por la desaparición del dinero. Fue en ese momento cuando ya comenzó a producirse un revuelo de insinuaciones, sospechas y rumores sobre lo que había pasado en las cuatro paredes de Hacienda.

Dos días después se realizaban lo oportunos registros en los domicilios de los dos cajeros y el sábado 4 de abril del año pasado, tras dos noches y tres días en los calabozos de la antigua Comisaría de la Policía Nacional, ambos funcionarios salían en libertad, sin fianza y con cargos. Sólo unas semanas después el alcalde de la ciudad, Manuel María de Bernardo, realizaba sus primeras declaraciones públicas, en las que manifestaba que fueron los técnicos municipales los que detectaron la falta del dinero y seguía defendiendo la denuncia a los cajeros. Estas palabras fueron contestadas por la Cámara de Cuentas, que en ese momento realizaba una revisión ordinaria a las cuentas para manifestar que fue tal institución la que alertó del baile de cifras y que todo se aclararía tras la redacción de un informe. Documento que está a punto de concluirse para ser remitido al Consistorio y que realice las oportunas alegaciones.

Sin respuestas

Saltaron entonces las dudas sobre la actuación municipal y las responsabilidades administrativas que debían acometerse. Diferentes cuestiones relativas a quien tenía acceso salieron a la palestra. Surgió el tema de las famosas llaves de la Caja municipal y la supuesta copia que tenía el alcalde. Comenzaron a aparecer diferentes informes del estado de la Caja en la que las cuentas tenían picos de millones entre los arqueos que iban a pleno y aquellos pertenecientes a la gestión del presupuesto municipal.

En los juzgados de la plaza de San José la actividad comenzó a ser frenética y además de los dos funcionarios, el resto del equipo de Hacienda así como interventor y tesorera tuvieron que declarar ante la jueza instructora del caso.

Las piezas comienzan a cerrarse en torno al negocio inmobiliario de Clemente. Se habla de un sistema para sacar el dinero a través de éste negocio, logrado por el exceso de confianza del que se había aprovechado el cajero. Por otro lado, aparece los fallos en las hojas de caja y la petición de dinero para gastos comunes de Bienestar Social cuyas cantidades sobrante no llegaban a ser guardadas. Por si todo fuera poco, una familia de origen marroquí se ve implicada en los hechos. Se habla de una fuerte relación con Clemente y del pago de préstamos personales de los primeros por parte del funcionario, sin que este tuviera capacidad económica demostrada para ello. A los marroquíes se les retiran los pasaportes.

El 3 de noviembre se decretaba el auto por el que el estado de Clemente Ruiz pasaba a prisión preventiva acusado de malversación de fondos y falsedad documental, al haberse encontrado en su inmobiliaria varias transacciones con datos de personas que fueron a realizar sus pagos a Hacienda y que en la vida había pisado el suelo del negocio.

Un mes después se producía el hecho que todos estaban esperando. La apertura del sumario arrojó más sombras que luces al proceso aunque dejó una clara impresión de descontrol en las labores que se realizaban en Hacienda, sin que nadie pudiera precisar los tipos de controles que se realizaban. En el documento se relataban escuchas telefónicas y se hablaba de una conversión del imputado al islam para marcharse a Marruecos. Lo que sí parece quedar claro es que en los días posteriores a la detención de los cajeros todos los compañeros hablaban de un descuadre conocido en la Caja, de posibles avales, de fallo en el programa, sin que nadie pusiera solución al problema. Por ello unos 3.000 isleños salieron a la calle pidiendo dimisiones.

Así pasó el tiempo hasta hoy. Nadie ha dimitido, ni se ha roto el pacto ni se ha realizado ninguna acción administrativa por el suceso. Tras un convulso año, muchas son las preguntas que quedan por contestar y la principal es: ¿dónde está el dinero?.