Ajuste funcionarial

El Gobierno había incluido en su plan de austeridad presentado en enero, que es la base del programa de estabilidad remitido a Bruselas, un recorte del 4% en los gastos de personal. Y puesto que el Ejecutivo ha querido respetar los acuerdos salariales suscritos con los funcionarios, no ha tenido más remedio que reducir drásticamente la tasa de reposición del personal jubilado, que sólo será del 10%. En consecuencia, la Oferta de Empleo Público en la Administración Central desciende de los más de 15.000 nuevos empleados el año pasado a los 1.989 de éste. De este modo, se conseguirá un ahorro de unos 280 millones de euros. Por el contrario, en la Administración de Justicia se respetará el Plan de Modernización, con la creación de unas 2.000 plazas. La aplicación de criterios rígidos de austeridad a una administración degradada que reclama desde hace décadas una reestructuración a fondo no hace sino deteriorar aún más unas estructuras escasamente eficientes. Quizá no sea éste el momento de proceder a la reforma que aconseja la pura racionalidad, y de la que cabría extraer con más tino el ahorro necesario, pero conviene dejar constancia de que estos atajos sólo conducen a un mayor deterioro de los servicios públicos.