El Tribunal de Cuentas seguirá investigando la medalla de Aznar en Estados Unidos

El Tribunal de Cuentas dio un paso más para seguir investigando las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el ex presidente del Gobierno José María Aznar al contratar a un 'lobby' estadounidense para que mediara en la concesión de la medalla de Oro del Congreso norteamericano.

El máximo órgano fiscalizador del Estado señaló ayer en un auto que «de forma indiciaria» y a la vista de la denuncia inicial podría deducirse una supuesta malversación en el procedimiento de contratación firmado en diciembre de 2003, por lo que acuerda nombrar a un instructor para que continúe indagando.

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas quiere verificar si la empresa que concertó al Gobierno de Aznar, llamada 'Piper Rudnick', era de naturaleza pública «en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato». Es decir, «comprobar adecuadamente si los servicios efectivamente se prestaron o no, y si se prestaron, aclarar si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública debidamente justificada», asegura el escrito.

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La decisión del Tribunal de Cuentas es contraria a la postura de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes en sendos escritos consideraron que el ex presidente Aznar no incurrió en ninguna «responsabilidades contable». El Ministerio Fiscal, además, afirmó que la concesión de la medalla era de «interés público» y entraba dentro del acuerdo firmado por el Gobierno, mientras que la Abogacía se remitió a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 2007 por el que acordó inadmitir una querella sobre estos hechos.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2003 por el procedimiento de «imperiosa urgencia» un contrato por 2,3 millones de dólares (1,7 millones de euros) con la empresa 'Piper Rudnick' para asistir al Gobierno de España en la promoción de relaciones más próximas con los Estados Unidos. El contrato se suscribió el 30 de diciembre de aquel año por un importe de dos millones mediante pagos de 100.000 euros durante 20 meses.

Los denunciantes quieren comprobar en qué se aplicaron los 300.000 euros de diferencia entre lo aprobado y lo contratado y por qué razón se incluyó la consecución de la medalla cuando no figuraba en la agenda. Una medalla que finalmente no fue concedida a José María Aznar porque su candidatura fue presentada fuera de plazo.