Exteriores responde con una nota de prensa a la petición de ayuda del juez
MADRID.Actualizado:El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la «cooperación» de Venezuela con ETA y las FARC, no tiene más información sobre las gestiones que el Gobierno español hace sobre este asunto ante el Gobierno de Hugo Chávez que la que tiene cualquier lector de periódico. La única información oficial que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha remitido al instructor como respuesta a su petición del pasado 24 de febrero para que «practicara las gestiones pertinentes ante las autoridades venezolanas para que cooperen en la entrega extradicional de algunos de los procesados» es una copia de una nota de prensa del Gobierno con el texto de un comunicado conjunto de España y Venezuela, y un recibí en el que se da por enterado de las pretensiones del magistrado, según figura en el sumario.
El único documento que consta en los más mil folios de la causa es un acuse de recibo remitido el 8 de marzo de 2010 por el subdirector general de Asuntos Jurídicos Consulares, Luis Fernández-Cid, de apenas tres párrafos (y el primero es de cortesía). En esa escueta nota, el funcionario de Exteriores de mediano nivel da por recibida la petición del juez y asegura que ya se han hecho las «gestiones necesarias» ante Caracas, actuaciones que en modo alguno explica al juez que instruye la investigación desde hace meses.
En cualquier caso, y como toda aclaración, le adjunta a Velasco copia de la nota de prensa que el Gobierno distribuyó el 6 de marzo a todos los medios de comunicación y 'colgó' en su página web, y en la que daba cuenta del «comunicado conjunto de los Gobiernos del Reino de España y de la República Bolivariana de Venezuela». Exteriores ni siquiera se molestó en cambiar el formato de la nota, que es el mismo que usa para mandar sus notas informativas a los medios de comunicación. Ni una explicación adicional, por el momento o que conste en el sumario, al magistrado de la Audiencia Nacional que reveló la supuesta connivencia del Gobierno de Chávez con ETA.
Mucho más diligente fue la oficia de Interpol-España. El 8 de marzo comunicó al juez que había «procedido a la difusión internacional de las órdenes internacionales de detención» expedidas por Velasco contra diez etarras y miembros de las FARC.