Prohibido el paso

Las reformas legales anunciadas ayer -tanto por parte del Gobierno como por boca del fiscal general del Estado- para reducir al máximo el campo de maniobra de la izquierda 'abertzale' permiten asegurar que la formación ilegalizada no podrá burlarse del Estado de derecho ni a la hora de instrumentar las concejalías y alcaldías que ocupa en Euskadi y en Navarra, ni en su pretensión de concurrir a los próximos comicios locales y forales en ambas comunidades. Las declaraciones del eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja quedan así invalidadas por una iniciativa que concita el acuerdo entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y el primer partido de la oposición. A la espera de conocer el alcance de las modificaciones legislativas, es de suponer que su contenido tendrá en cuenta los diversos resquicios que podrían servir para que la izquierda 'abertzale' se asome a las instituciones mientras continúa dando cobertura al terrorismo etarra. Aunque la reunión del Consejo de Ministros se limitó a abordar la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral en cuanto a la actuación de los electos de formaciones ilegalizadas, las palabras de Conde Pumpido permiten suponer que el Gobierno se plantea la necesidad de impedir que la izquierda 'abertzale' haga uso de una formación legal para concurrir a las próximas elecciones mientras mantiene su connivencia con la banda terrorista. Como declaró la vicepresidenta Fernández de la Vega, «los derechos políticos sólo pueden ejercerse desde el cumplimiento de la legalidad»; es decir, sin fraudes. La obstinación terrorista de la trama etarra continúa proyectando sobre la sociedad y sobre las instituciones una sombra amenazante que obliga al Estado de derecho a obstruir el paso de sus apologistas hacia las instituciones. La democracia no se debilita porque tanto la ley de Partidos como las reformas ayer anunciadas estén ideadas a medida de un problema de la envergadura de un terror de décadas, sino que demuestra su propia fortaleza al mostrarse restrictiva ante el intento de unos pocos por utilizar la libertad para acabar con la libertad de todos. La crítica nacionalista de que las medidas anunciadas conceden la primacía en el País Vasco a las formaciones constitucionalistas se cae por su propio peso ante la gravísima afrenta moral que representa la persistencia de un 'abertzalismo' violento.