La delegación de Justicia descarta que los funcionarios accedan a la conexión judicial
CÁDIZ.Actualizado:«Cuestión de seguridad». Es la razón en la que se enroca la Consejería de Justicia de la Junta para negar el acceso de los agentes judiciales a la nueva herramienta informática de interconexión de los juzgados: una base de datos común con la que pretende modernizar la Justicia en la comunidad andaluza y solucionar los problemas de agilidad que generan muchos errores judiciales.
Como informó ayer este periódico, los funcionarios no contarán con las contraseñas para utilizar este programa informático, que permite consultar los procedimientos abiertos en cualquier juzgado de Andalucía y que acaba de entrar a funcionar hace tres semanas en los órganos de lo Penal de la comunidad. El acceso está restringido en exclusiva a los secretarios judiciales y los jueces, lo que provoca un embudo en el trabajo diario de los juzgados, ya que los funcionarios deben seguir manejando los expedientes judiciales por los métodos tradicionales. Por ejemplo, el sistema no puede ser utilizado cuando los secretarios y los jueces se encuentran en sala durante un juicio o una declaración.
Datos confidenciales
A pesar de esto, el delegado provincial de Justicia en Cádiz, Domingo Sánchez Rizo, descartaba ayer que «por ahora» el uso de la herramienta se vaya a extender a los agentes judiciales para evitar estos problemas, y explicaba que estas restricciones están justificadas por motivos de «seguridad jurídica»: «Es comprensible que se haga así y estoy de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho, porque se trata de una información confidencial y debe tener su garantía; era una de las claves del sistema por la Ley de protección de datos», explicaba el delegado.
Con todo, Sánchez Rizo, dejaba en sus palabras una puerta abierta a una revisión del sistema, que aún no está implantado por completo y sólo ha cumplido una primera fase de instalación. «Habrá que dar tiempo al tiempo, para ver cómo empieza a funcionar», aseguraba ayer el delegado, al que, al menos por ahora, no han llegado las quejas de los secretarios judiciales y los funcionarios.